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Ciudad de México. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 419 votos a favor, cero en contra y 23 abstenciones dar prisión de hasta 40 años a quienes hagan uso indebido de las aeronaves pilotadas a distancia, conocidas como drones.
El dictamen avalado también prevé castigar con cárcel de cinco a diez años a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte estos aparatos para el transporte de explosivos, artefactos explosivos improvisados, armas, narcóticos, drogas sintéticas o demás materiales regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Pero no sólo es pena punitiva, el dictamen de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se establecen sanciones económicas de cuatrocientos a mil doscientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia para cometer conductas indebidas; sanciones con pena de prisión de diez a veinte años a quien mediante el uso de drones arroje cualquier objeto o artefacto explosivo o sustancia química o impacte a cualquier persona o propiedad con el propósito de causar daño.
Aumenta hasta en una mitad la pena cuando el daño sea a una persona o bien de las fuerzas armadas o de seguridad pública; impone pena de prisión de cinco a diez años a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapté aeronaves pilotadas a distancia para el transporte de artefactos explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas.
Protegen a servidores públicos de ser fotografiados
El dictamen aprobado, que deberá ser analizado por el Senado de la República, pretende sancionar a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia equipadas con dispositivos que permitan fotografiar o realizar grabaciones de audio o video para vigilar actividades de personas servidoras públicas con la finalidad de conocer o reportar su ubicación.
Se dará de tres a veinte años de prisión a quien mediante violencia, amenazas o engaños se apodere o tome el control de una plataforma física, instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presenten servicios de aviación civil; y también establece precisar los supuestos en que el delito se perseguirá por querella.
Al fundamentar el dictamen, la secretaria de la Comisión de Justicia, la morenista Rosangela Amairany Peña Escalante expresó que en los últimos años los grupos delincuenciales han convertido los drones en una herramienta frecuente para la comisión de conductas delictivas, desde el halconeo y el tráfico de drogas, hasta la realización de ataques con explosivos y sustancias químicas.
«De acuerdo con los registros de las Fuerzas Armadas, en México se han realizado más de 600 ataques con drones equipados con explosivos, la mayoría de estos han ocurrido en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. Los ataques con drones con explosivos y elementos químicos no sólo han sido realizados en contra de instituciones de seguridad, sino también en contra de la población civil. Por ello, el problema que se intenta solucionar con el dictamen no es menor”, dijo la legisladora.
En abstención votó el legislador de MC, Braulio López Ochoa Mijares, quien consideró que, si bien los drones se pueden ocupar con fines ilícitos, “creemos que este dictamen no es la respuesta correcta, ya que hay varias normas que regulan la venta y adquisición de los drones, incluso preocupa que éstos se ocupen como exclusivos, pero para eso también ya hay una regulación.
«Con la regulación que se hace en el tipo penal y las agravantes que se establecen se deja demasiado abierta, y esa es la preocupación. Creemos que con este tipo penal se empiece a criminalizar a periodistas que hagan ciertas tomas o videos y ocupen drones para ello”.