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Ciudad de México, Diputados aprobaron por unanimidad en lo general y lo particular el dictamen que busca erradicar y sancionar hasta con 20 años de prisión el reclutamiento forzado de personas, principalmente menores, por el crimen organizado.
En la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno destacó que el proyecto hará “frente a uno de los problemas más graves que afectan la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas: el reclutamiento de niñas, niños, jóvenes y personas adultas por parte de organizaciones criminales”.
“Con el marco de esta ley general, la investigación puede iniciarse de oficio cuando las autoridades tengan conocimiento del hecho que puedan constituir este lamentable delito, porque no podemos exigirle a una víctima que arriesgue su vida para que el Estado haga su trabajo”, explicó.
Moreno consideró que “cuando legislamos en temas tan sensibles como este, no basta con castigar al responsable, también tenemos que proteger a las víctimas”.
“Estamos hablando de personas que, mediante engaños, amenazas, violencia o aprovechándose de sus necesidades son incorporadas a organizaciones delictivas, personas a quienes les arrebatan su libertad, sus oportunidades y, en muchos casos, también su futuro”, indicó.
El diputado de Morena aseguró que “con esta reforma buscamos, además, identificar mejor cómo operan las redes de reclutamiento, fortalecer las investigaciones y generar información que permita prevenir nuevos casos”.
Sobre el dictamen, aprobado por 419 votos, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Miguel Alejandro Alonso mencionó que “a una edad en la que deberían levantar la mano para preguntar en un salón de clases, tienen que aprender a obedecer, a guardar silencio para protegerse y para proteger a los que aman”.
“Esa es la tragedia de reclutamiento forzado que vivimos en México y que debemos enfrentar con total determinación”, resaltó.
El diputado del PRI adelantó el voto en pro de su bancada porque establece “penas de 10 a 20 años de prisión a quien reclute a una persona o más por parte de un grupo delictivo, adicionando, además, diversas agravantes”.
En su turno, la diputada de Morena, Elena Edith Segura agregó que “la reforma también reconoce circunstancias que agravan la conducta, entre ellas, el uso de tortura, violencia sexual, privación de la libertad o lesiones”.
“El aprovechamiento de conocimientos especializados de las víctimas inclusive, la pertenencia de éstas a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas y su situación de movilidad humana”, añadió.
La diputada de Morena dijo que “la falta de una tipificación específica no significa que el reclutamiento no exista, significa que durante años hemos enfrentado un vacío jurídico que ha dificultado el poder identificarlo, investigarlo y sancionarlo como realmente es”.
Ricardo Sóstenes Mejía, diputado del Partido del Trabajo explicó que los diputados lograron “llegar a esta solución, reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata, pero con un capítulo específico para el reclutamiento forzado que, además, como aquí se ha dicho nos permite también aprovechar todas las bondades de esta ley general”.
“Ahí está el caso paradigmático del rancho Izaguirre, en Jalisco, pero hay muchos casos más. El delito de reclutamiento forzado es la puerta para desapariciones, tortura, homicidios y otros delitos de mayor envergadura”, apuntó.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), José Guillermo Anaya consideró que “no hay dolor más profundo que buscar un hijo sin saber si está vivo, dónde está o si algún día regresará a casa”.
“Por eso este problema exige mucho más que una sola indignación. Exige responsabilidad de Estado, instrumentos jurídicos eficaces, voluntad para proteger a quienes más lo necesitan”, demandó.
El diputado del PAN recordó que “la propia presidenta de la República ha informado que se identificaron mil 800 cuentas y páginas utilizadas para reclutar jóvenes, de las cuales 800 ya fueron inhabilitadas”.
“Es una señal de una dimensión inexplicable, enorme, que ha alcanzado este fenómeno, particularmente en las redes sociales donde nuestros jóvenes pueden ser capturados mediante engaño, falsas ofertas de trabajo, amenazas o, incluso, coacción”, subrayó.