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Ciudad de México, Con 353 votos a favor, 126 en contra y 0 abstenciones, se aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados, del dictamen que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Contabilidad Gubernamental (transferencia del CONEVAL al INEGI), esto, mientras la oposición ve “ignominia” en los procesos.
Mientras la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), fundamentó el dictamen que reforma disposiciones a diversas leyes, en materia de transferencia de funciones del CONEVAL al INEGI, el diputado Rubén Moreira coordinador parlamentario de los diputados del PRI, en la cámara, señaló en los pasillos de San Lázaro que “lo que estamos viendo es que vamos a tener 10 días de ignominia, en los cuales van a tratar de destruir las instituciones de este país”.
Agregó: “Son diez de ignominia, destruyendo instituciones, destruyendo valores que tenemos los mexicanos. Hemos visto también que, bueno, parece que traen la consigna de despachar todo independientemente de las discusiones. O sea, ellos en estos diez días traen la instrucción de sacar todo lo que les envíe de la Presidencia de la República en los términos, en los términos que la Presidencia de la República se los mande”.
Mientras la oposición brindó argumentos de porque no era loable el dictamen de transferencia de CONEVAL a INEGI, con este decreto, enviado al Senado para continuar el trámite legislativo, inició en San Lázaro el periodo extraordinario, centrado en emitir y aprobar esta semana diversas leyes secundarias derivadas de las reformas del llamado Plan C.
En tribuna la oposición criticó que “todo aquello que no se mide tampoco se puede mejorar” y que, al eliminar la evaluación independiente, con esta reforma se pierde transparencia y rendición de cuentas, dejándole al gobierno federal la atribución de autocalificarse, siempre de forma positiva.
A pesar de lo anterior, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputada Merilyn Gómez Pozos de Morena, dijo que México está dando un paso crucial hacia la inteligencia institucional y la armonización legal es lo que permite que una reforma constitucional cobre vida, que baje del texto al territorio y del papel a la vida, que se traduzca en políticas reales.
El INEGI, dijo, asume una nueva responsabilidad estructural y estratégica: proveer con rigor técnico y visión de Estado la evidencia que permite al gobierno valorar su política social, medir el desempeño institucional y optimizar la asignación y el impacto de la gestión pública.
El diputado Diego Rodríguez Barroso, del PAN, señaló: “Estamos ante un retroceso que pone en riesgo los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la política social de nuestro país”.
Mencionó que “Hoy al desaparecer al CONEVAL, un organismo autónomo con rigor técnico e independencia, que ha sido fundamental para evaluar si los programas sociales realmente están ayudando a combatir la pobreza y la desigualdad en este país se da un retroceso”.