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Ciudad de México. Con 239 votos a favor, 196 en contra y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Derechos 2024, con lo que se crea un nuevo fideicomiso para la operación y administración del Tren Maya que será nutrido con el pago de derechos que hacen los ciudadanos extranjeros por ingresar al país sin permiso para realizar actividades remuneradas.
Un día después de aprobar la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, los diputados de Morena y aliados avalaron modificar el artículo 18-A de la Ley de Ingresos para que el pago de derechos antes mencionado se destine al fideicomiso que será operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Incluso en una reforma al artículo 18-A de la Ley de Derechos que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de 2023, misma que fue aprobada por el Congreso, se determinó dar el 80 por ciento de los ingresos por visas de turista al Tren Maya y el 20 por ciento al Instituto de Migración, sin embargo, ayer se decidió que todos los recursos se vayan al Tren Maya.
Diputados de oposición rechazaron la Ley de Derechos y propusieron destinar los recursos de las visas de turista a otros rubros. El diputado panista Éctor Jaime presentó una reserva para que los recursos sean destinados al Fondo del Salud para el Bienestar, mientras que la diputada Julita Mejía, de Movimiento Ciudadano, presentó otra reserva para que los recursos se mantengan en el Instituto Nacional de Migración.
“No estamos de acuerdo que se le asignen más recursos públicos al Tren Maya, a través de un fideicomiso sin estructura y a cargo de la Defensa Nacional, es decir, más militarización de actividades en detrimento del servicio civil y de la opacidad. La propuesta que hoy nos hacen propone destinar todo ese dinero al Tren Maya, un proyecto que vivirá del subsidio del Estado y que les quita a temas prioritarios para el desarrollo de nuestro país”, expresó la diputada Mejía.
Hasta el momento el Pleno de la Cámara de Diputados continúa la discusión de las 208 reservas que presentaron los legisladores y se aprobó una presentada por el diputado Mario Miguel Carrillo, de Morena, para cobrar a los concesionarios de los aeropuertos un derecho de nueve por ciento a la suma de los ingresos brutos por servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales para destinarlo al fortalecimiento aeroportuario de bajo administración de la Sedena y la Secretaría de Marina.