Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., Febrero 5.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Urióstegui García, expresó su respeto a la “libre manifestación”, aunque cuestionó la legitimidad de los bloqueos carreteros cuando existe disposición al diálogo por parte del gobierno del estado, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
El legislador se refirió al bloqueo registrado el lunes en la autopista del Sol y la carretera federal México–Acapulco, a la altura de Tierra Colorada, en el municipio de Juan R. Escudero, donde durante casi siete horas, pobladores, comisarios y transportistas de Juan R. Escudero, Tecoanapa, Xaltianguis —municipio de Acapulco— y de El Ocotito, perteneciente a Chilpancingo, impidieron la circulación vehicular.
En ese contexto, Urióstegui García no descartó que desde el Congreso local se revise la legislación relacionada con la aplicación de la fuerza pública, con el objetivo de prever otras medidas sin restringir el derecho a la libre manifestación. “Porque no podemos ser cooptados por este ejercicio”, sostuvo.
El presidente de la Jucopo reconoció la disposición al diálogo que, dijo, ha mantenido la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con este tipo de movimientos sociales, y celebró la reunión realizada el martes en Tierra Colorada entre autoridades del gobierno federal y estatal con los manifestantes.
Insistió en que el movimiento de la llamada “cuarta transformación” respalda la libertad de expresión y de movilización, pero subrayó que, cuando existe apertura al diálogo, “es importante que se tome por ambas partes”.
Cuestionado sobre la posibilidad de revisar el uso de la fuerza pública, respondió: “Sí, sin duda es un tema que estará en debate, es un tema que estaremos dialogando, que estaremos platicando con las y los diputados para no restringir el tema de la libre manifestación, para no restringir estos temas, sin embargo, sí se tienen que tomar las medidas, se tiene que dialogar, se tiene que debatir, porque no podemos ser cooptados por este ejercicio”.
En otro tema, Urióstegui García señaló que el Congreso local también revisa la legislación que identifica a las policías comunitarias legítimamente establecidas, con el fin de diferenciarlas de grupos de civiles armados que se apegan a ese esquema, como ocurrió el viernes 30 de enero en localidades del municipio de Tecoanapa.
Indicó que este análisis se está “trabajando” de manera conjunta con autoridades del gobierno estatal y con grupos que se autodenominan como comunitarios, y confió en que en fechas próximas el proyecto pueda ser presentado para su debate ante el pleno del Congreso local.
