Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., El “Plan B” de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está sustentado en el creciente descontento ciudadano hacia la clase política, cuyos actores, según la percepción social, han convertido el servicio público en negocio personal.
De acuerdo con la diputada Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso local, esa reforma evidenciará a los que están en política por negocio y no por convicción.
Tras anticipar el respaldo al “Plan B” por parte de la comisión legislativa a su cargo, cuyo dictamen fue aprobado este martes en comisiones unidas del Senado de la República, enfatizó que la marcada “desconfianza a los políticos” ha sido una queja constante y legítima que han escuchado en territorio.
Sin embargo, no citó ejemplos. “El pueblo de Guerrero tiene ubicados a los representantes populares que caminan el territorio por convicción y quienes solo quieren mantener sus cuotas en diferentes posiciones de representación popular”, dijo.
Citlali Calixto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, consideró también que el “Plan B” de la presidenta Sheinbaum “corrige excesos de una estructura electoral que por años operó con altos costos y escasa rendición de cuentas”.
En referencia a los órganos electorales, precisó que “no se trata de debilitar la democracia”, sino de hacerla más austera, pero eficiente. “Una de las máximas de este movimiento es la austeridad republicana, no solo en lo discursivo; que quede inscrito en la reforma”, señaló.
Reducción presupuestal no inmovilizaría al Congreso
El “Plan B”, cabe recordar, propone también reducir el presupuesto anual de los congresos estatales. En ese sentido, la legisladora morenista descartó que esa medida inmovilice al Poder Legislativo de Guerrero.
Explicó que la reforma de Sheinbaum propone presupuestar a partir del 2027 un límite máximo del 0.7 por ciento del presupuesto estatal para el gasto de los congresos, y recordó que en 2018 el presupuesto del Congreso fue de 503 millones de pesos.
Considerando ese porcentaje, añadió, con relación al presupuesto del gobierno de Guerrero, que para este año asciende a 87 mil 394 millones de pesos, al Congreso le corresponderían alrededor de 600 millones.
Si con 503 millones operaba en 2018, señaló, operará también en 2027, pero bajo esquemas de reestructuración y planeación, garantizando la protección de los derechos laborales de los trabajadores y sin afectar rubros de la vida interna del Congreso.
Insistió en que los recursos que deriven de esos ajustes, en caso de prosperar el “Plan B” de la presidenta Sheinbaum, se canalizaría a infraestructura y programas sociales.