IRZA
Ciudad de México, Autoridades federales detuvieron en la Ciudad de México a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, de 73 años, ex funcionaria de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero, investigada por su presunta participación en la pérdida, ocultamiento o destrucción de material videográfico captado por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre o la madrugada del 27 de septiembre de 2014, durante los ataques y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
La detención fue realizada por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el acompañamiento de personal de la Fiscalía General de la República (FGR), durante un operativo efectuado el pasado martes por la noche en un domicilio de la capital del país.
En la misma diligencia también fue arrestada Margarita Anguiano Castro, de 83 años.
La orden de cateo y detención fue autorizada por la jueza de control federal con sede en Acapulco, Evelina Ramírez, con base en la carpeta de investigación FED/FEMDH/UEILCA CDMX/000092/2026, abierta por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
De acuerdo con la investigación federal, Estrada Ortega es indagada por su presunta participación en la desaparición o manipulación de grabaciones que podrían contener imágenes relacionadas con el trayecto de uno de los autobuses en los que se trasladaban los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Las autoridades indicaron que esos registros forman parte de las líneas de investigación orientadas a reconstruir la secuencia de hechos ocurridos durante esa noche, por lo que las diligencias se enfocan en recuperar y preservar material probatorio relacionado con las cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala.
Según dictámenes del Centro Federal Pericial Forense de la FGR, ambas detenidas presentan enfermedades crónico-degenerativas. Estos informes médicos fueron integrados a la carpeta de investigación y serán valorados durante el desarrollo del proceso correspondiente.
Las instituciones federales señalaron que en todo momento se respetarán los derechos humanos y las garantías procesales de las personas detenidas, incluidas las relacionadas con su estado de salud.
La Fiscalía General de la República será la encargada de continuar con la integración de la investigación y, en su caso, presentar las imputaciones ante el juez federal que resulte competente.
ANTECEDENTE: IMPLICACIÓN EN EL CASO AGUAS BLANCAS
De acuerdo con reportes oficiales, Blanca María del Rocío Estrada Ortega también estuvo implicada en las investigaciones relacionadas con la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995 en el municipio de Coyuca de Benítez, cuando se desempeñaba como directora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero.
Ese día, elementos de la policía motorizada del estado emboscaron a campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el sitio conocido como “El Vado” de Aguas Blancas, donde 17 personas fueron asesinadas y más de 20 resultaron heridas.
Por ese caso, el 7 de febrero de 1996 un fiscal especial ejerció acción penal contra Estrada Ortega y otros nueve funcionarios por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público. Sin embargo, el 10 de febrero de ese mismo año obtuvieron su libertad provisional mediante el pago de una fianza, debido a que los delitos imputados no eran considerados graves.
Tras las investigaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que existieron violaciones graves a las garantías individuales y señaló responsabilidades de altos funcionarios del gobierno estatal encabezado entonces por Rubén Figueroa Alcocer, quien finalmente solicitó licencia definitiva al cargo el 12 de marzo de 1996, en medio de la presión política generada por el caso.