Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., Septiembre 23.- El diputado Joaquín Badillo Escamilla informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, de la cual es presidente, acordó no “solapar ni encubrir” a ningún servidor público que resulte vinculado con las presuntas irregularidades financieras detectadas en el Poder Legislativo, por las que hasta el momento hay dos denuncias penales y ocho ex funcionarios cesados.
“Hemos determinado que no se va a solapar ni a encubrir a nada ni a nadie. Somos y seremos siempre quienes vamos a ponderar por encima de todo la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad”, aseguró.
En entrevista durante la sesión ordinaria de este martes, aseguró que el Órgano Interno de Control y, en su caso, la Fiscalía General del Estado (FGE), serán las instancias que determinarán si existen responsabilidades administrativas o penales.
De acuerdo con el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, hasta ahora suman dos denuncias penales presentadas ante la FGE por la presunta falsificación de firmas y cobro indebido de cheques entre enero y junio de este 2026.
Las denuncias son de las diputadas Guadalupe García Villalba y Catalina Apolinar Santiago, de Morena. En el caso de García Villalba, habrían cobrado al menos 49 cheques a su nombre.
Los funcionarios denunciados son: Esli Joanan Navarrete Cisneros, Héctor Avilés Cruz, Brian Luna Aguirre, José Ángel Rómulo Hernández, Erick Chávez Medina, Alex Cepeco Justo, Jorge Antonio Solis Ocaña y Samir Robles Estrada.
Durante el periodo en que presuntamente ocurrió la falsificación de las firmas y el cobro indebido de los cheques, es decir, entre enero y junio de este año, la Jucopo era presidida por el diputado Jesús Urióstegui García.
Cuestionado al respecto, y sobre la posible responsabilidad de Urióstegui en ese asunto, Joaquín Badillo afirmó que no harán señalamientos directos en contra de nadie, e insistió en que las autoridades competentes deslindarán o fincarán responsabilidades.
“Nosotros no podemos determinar una culpabilidad o no”, dijo, y explicó que las irregularidades fueron detectadas en el proceso de entrega-recepción en junio pasado, cuando recibió la Presidencia de la Jucopo de su antecesor, Jesús Urióstegui.
Luego, cuando los diputados iniciaron la comprobación de los recursos que reciben para actividades de gestión, al revisar su documentación detectaron erogaciones que desconocían, mientras que otros han optado por presentar denuncias ante la Fiscalía.
Respecto a los ocho trabajadores que fueron separados de sus cargos, el presidente de la Jucopo confirmó que fueron dados de baja debido a que se encuentran relacionados con una investigación judicial.