Por: Marcial Rodríguez Saldaña
El caso del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, en donde madres guerreras buscadoras de sus hijos desaparecidos, han denunciado hechos de extrema gravedad, como la existencia de objetos personales -ropa, zapatos- y osamentas que apuntan a la existencia de un lugar de entrenamiento de grupos criminales y de exterminio de personas, abre en la opinión pública un tema de relevancia en la violación a derechos humanos -entre ellos el más importante como el de la vida-.
1.La desaparición de personas, ha sido una práctica de los regímenes totalitarios, militares y represivos. Entre los más señalados, está el de la decisión de Hitler -en el periodo de la segunda guerra mundial- de exterminar a los judíos, para lo cual utilizó campos de concentración como el de Auschwitz -en territorio de Polonia ocupado por los nazis-, en donde instaló paredones de ejecución y hornos crematorios de personas.
En México, gobiernos represores han utilizado esta práctica. como una forma de eliminar a luchadoras y luchadores sociales y a gente del pueblo.
En la época de la guerra sucia en el Estado de Guerrero, en los primeros años de la década de 1970, fueron desaparecidas centenares de personas, lo cual está debidamente documentado en el informe de la Comisión de la Verdad, del 15 de octubre del 2014.
Entre muchos casos, está de Rosendo Radilla Pacheco, originario de las Clavelinas, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien fue desaparecido el 25 de agosto de 1974 -en el trayecto de la carretera de Alcholoa y Cacalutla- por miembros del ejército mexicano, de quien nunca se supo su paradero. Gracias a la lucha de su familia, el asunto llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 15 de marzo del 2008, la cual -después de 35 años de que ocurrió el hecho- el 23 de noviembre del 2009 condenó al Estado Mexicano, por desaparición forzada.
Otro hecho relevante, es la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, en donde hubo complicidad de diversas autoridades con miembros de la delincuencia organizada.
- El origen y fortalecimiento de los grupos de la delincuencia organizada en México, se cimentó en los gobiernos corruptos neoliberales, especialmente en el de los ex presidentes Ernesto Zedillo, que nombró como Zar Antidrogas al General José de Jesús Gutiérrez Rebollo -quien luego fue sentenciado por sus vínculos con la delincuencia organizada; Felipe Calderón, que designó como Secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, quien está sentenciado en Estados Unidos, por ser parte de grupos de narcotraficantes; y Enrique Peña Nieto, quien en el asunto de la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa, minimizó el caso, diciendo que era un asunto local y luego inventó una supuesta ¨verdad histórica´, para darle carpetazo.
En el tema del Rancho Izaguire, en Tuchitlán, ha brotado de nuevo la complicidad de gobernantes locales de Jalisco con miembros de la delincuencia organizada. Resulta que la Guardia Nacional, de aquella región, después de una denuncia anónima que recibió, hizo del conocimiento de hechos del Ministerio Púbico de ese Estado, en quien quedó la custodia del rancho.
Una vez que las madres guerreras buscadoras, hace unas semanas hicieron públicos hechos graves de violación a derechos humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum, planteó que de inmediato interviniera la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ha actuado de con prontitud, informando a la opinión pública las omisiones y probable complicidad de autoridades locales, especialmente del Ministerio Público, quien en septiembre del 2024, asumió el caso, pero incurrió en graves omisiones como: no realizó el rastreo de indicios o huellas de los hechos; no registró ni identificó prendas de vestir y calzado; no procesó los vehículos encontrados, de los cuales tres ya fueron robados; no dio intervención inmediata a la FGR por delitos posesión y utilización de armas de fuego alto calibre y por delincuencia organizada; no realizó la inspección total y exhaustiva del lugar; no ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares encontradas en el lugar; seis meses después, no hay un dictamen definitivo de la antigüedad e identidad de los restos encontrados, análisis físicos y químicos que vinculen a lugares con actividades crematorias; no se han establecido los vínculos de encubrimiento de autoridades locales, con grupos criminales, a pesar de haber declaraciones en carpetas de investigación y personas detenidas sobre el caso; no le dio seguimiento a declaraciones de una víctima respecto de que las prendas de vestir pertenecían a las personas reclutadas y adiestradas; el inmueble fue abandonado, a pesar de estar bajo su resguardo; no se investigaron los antecedentes de la propiedad del rancho; no se tomaron declaraciones a las autoridades municipales, respecto a sus obligaciones de prevención del delito, ni a vecinos, ni de personas vinculadas; no se dio seguimiento a la intervención de policías municipales de Tala.
La presidenta Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a poner todo el apoyo de su gobierno para atender este caso y ha enviado iniciativas de ley al Congreso de la Unión, para prevenir y actuar con rapidez en casos de desapariciones.
Sin ninguna duda, se deben esclarecer plenamente los hechos, sancionar a todos los responsables de cualquier orden de gobierno que estén involucrados -sea municipal, estatal o federal-, estar al lado de las madres guerreras buscadoras y de sus familiares y tomar todas las acciones del Estado, para evitar la repetición de estos hechos de desaparición de personas, que implican violaciones de extrema gravedad a los derechos humanos.
*Maestro emérito de la Universidad Autónoma de Guerrero
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