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Almoloya de Juárez, Edomex, La defensa del ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, presentó este martes 31 datos de prueba para tratar de desvirtuar la acusación formal de la Fiscalía General de la República (FGR) por desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia, estos últimos relacionados con la presunta desaparición de evidencias del caso Ayotzinapa, entre ellas videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala que, según el Ministerio Público, mostrarían el momento en que estudiantes normalistas fueron interceptados y trasladados por policías la noche del 26 de septiembre de 2014.
La defensa sostiene que Aguirre Rivero no se encontraba en Guerrero en la fecha y hora en que presuntamente recibió esas grabaciones, por lo que presentó elementos para acreditar que el entonces gobernador estaba en la Ciudad de México, donde sostuvo una reunión con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
De acuerdo con la FGR, las grabaciones son una pieza relevante de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pues presuntamente registraron cuando el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaban normalistas, fue detenido por policías municipales y estatales, en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Para respaldar su versión, los abogados de Aguirre Rivero presentaron declaraciones de Jesús Martínez Garnelo, quien se desempeñaba como secretario General de Gobierno de Guerrero, y de Felipe Martín Ornelas, entonces coordinador de Seguridad y Transporte Aéreo del gobierno estatal.
También incorporaron un comunicado en el que se advierte que el 26 de septiembre de 2014 Aguirre Rivero sostuvo una reunión con Osorio Chong en la Ciudad de México, argumento con el que buscan demostrar que el entonces mandatario no pudo haber estado esa tarde-noche en su oficina de Palacio de Gobierno, en Chilpancingo, donde presuntamente habría recibido los videos.
La audiencia inició con más de dos horas de retraso y alrededor de las 17:30 horas el juez decretó un receso de 30 minutos. Se prevé que el desahogo de los datos de prueba de la defensa continúe durante la tarde y noche de este martes y que posteriormente el juzgador determine si existen elementos suficientes para vincular o no a proceso al ex gobernador.
Aguirre Rivero, de 70 años, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que el pasado viernes el juez de control Mario Elizondo Martínez determinara imponerle prisión preventiva oficiosa y rechazara la solicitud de su defensa para que continuara el proceso bajo reclusión domiciliaria.
La FGR lo acusa formalmente de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia, relacionados con la presunta obstrucción de las investigaciones y la desaparición de evidencias del caso Iguala. De acuerdo con la acusación presentada durante la audiencia, los ilícitos podrían alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión.
El agente del Ministerio Público David Rojas Ramírez señaló que una de las líneas centrales de la investigación surgió de un nuevo análisis de las actuaciones del caso Ayotzinapa y de testimonios incorporados recientemente a la carpeta.
La Fiscalía sostiene que Aguirre Rivero ordenó destruir o desaparecer videos y otras evidencias relacionadas con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
De acuerdo con los testimonios expuestos dentro de la causa penal 291/2026, el 29 de septiembre de 2014, Lambertina Galeana Marín, entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, recibió del área de informática un sobre amarillo que contenía un disco con grabaciones de las cámaras ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Según la exposición de la FGR, esas imágenes mostraban a elementos de seguridad pública municipal y estatal cuando interceptaban el autobús con normalistas.
En ese momento también se encontraba en la oficina Blanca María del Rocío Estrada Ortega, entonces visitadora del Poder Judicial del Estado, quien habría tomado el sobre cuando Galeana Marín salió momentáneamente del lugar.
La Fiscalía expuso que Estrada Ortega declaró haber entregado directamente el material a Ángel Aguirre, quien, según ese testimonio, habría manifestado preocupación porque su sobrino, Ernesto Aguirre Gutiérrez, entonces asesor del mandatario, conociera lo ocurrido aquella noche.
Durante la audiencia, el Ministerio Público citó la declaración de la ex visitadora, quien afirmó: “el gobernador mencionó no quería que se supiera porque el pendejo de mi sobrino, Ernesto, estaba al tanto y porque tenía relación con el crimen organizado”.
La declaración fue presentada por la Fiscalía como uno de sus elementos de prueba y su valoración corresponderá al juez dentro del proceso.
De acuerdo con el relato ministerial, cuando Lambertina Galeana preguntó a Estrada Ortega por el sobre y los videos, la entonces visitadora respondió que los había sustraído por instrucciones de Aguirre Rivero.
La Fiscalía sostuvo que, al solicitarle posteriormente el material al exgobernador, éste habría respondido que se lo entregó a Iñaki Blanco Cabrera, entonces exprocurador de Justicia de Guerrero.
Sin embargo, según el testimonio presentado ante el juez, el exprocurador habría respondido: “es asunto del gobernador”.
La acusación de la FGR también incluye otros testimonios, entre ellos el de Sidronio Casarrubias Salgado, alias “El Sapo”, señalado como líder de Guerreros Unidos, quien habría declarado que esa organización aportó recursos a la campaña electoral de Aguirre Rivero.
El pasado 6 de agosto, Aguirre Rivero fue detenido en el Estado de México mediante una orden de aprehensión relacionada con las investigaciones de los hechos de Iguala.