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Ciudad de México. Organizaciones de defensa de derechos humanos, feministas y contra la discriminación se pronunciaron ayer, en el contexto de la 45 Marcha del Orgullo LGBT+, por el fin de los discursos de odio, a favor de la diversidad y de los derechos reproductivos de mujeres lesbianas, trans y bisexuales.

Uno de los sectores que ha abonado a la vulneración de los derechos de este sector son los jueces, reconoció la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández. La impartición de “justicia no siempre ha estado” de lado de las personas LGBT+; los juzgadores “hemos sido frecuentemente cómplices de un sistema que causa dolor, miedo y sufrimiento”.

En un mensaje difundido en la cuenta de Twitter de la SCJN, Piña Hernández, también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, llamó a un cambio en el sistema de justicia: “ya no más, pongamos un alto infranqueable a las injusticias, violencias y discriminación. Digámoslo fuerte y claro, la diversidad humana no es una amenaza para la sociedad, la verdadera amenaza es la intolerancia, los discursos de odio y las violencias”.

Agencias de Naciones Unidas (ONU) sostuvieron que “ninguna persona debe ser discriminada ni violentada por su orientación sexual” y que “nadie debería temer ser quien es ni amar a quien ama”.
La Oficina en México del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) señaló que las personas LGBT+ forzadas a huir “tienen derecho a vivir con seguridad y dignidad”.

A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó que es necesario combatir las prácticas discriminatorias que la población de la diversidad sexual enfrenta y garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) recordó que en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg 2021), 5 millones de personas se autoidentifican como LGBT+, es decir, una de cada 20.