Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., La diputada morenista Araceli Ocampo Manzanares, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, señaló que Guerrero es el estado “con mayor índice de desapariciones forzadas en el país”, aun cuando fuentes oficiales señalan que la entidad con mayores desapariciones de ese tipo, es Jalisco.
Aseguró, sin embargo, que desde el ámbito del Congreso local seguirán trabajando en esa agenda hasta lograr que “ninguna madre, ningún hijo, ningún padre, ningún hermano, tenga que salir con una pala, con un pico, a escarbar”.
En entrevista refirió que ha presentado dos iniciativas de reforma, la primera, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), la segunda, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Sobre la reforma a la ley de la FGE, explicó, nació del “dolor, donde, sin duda hace falta la justicia, el humanismo, comprensión y el acompañamiento” con las víctimas y sus familiares.
Explicó que la iniciativa de reforma a la FGE pretende eliminar el requisito de las 72 horas que deben pasar los familiares para la presentación oficial de una denuncia ante el Ministerio Público por desaparición de una persona, así como el inicio de su búsqueda.
“Tiene el objetivo de que el Ministerio Público deberá buscar de manera inmediata, sin dilación y sin burocracia a la persona que al aparecer se encuentre desaparecida, porque ahora la propia ley marca 72 horas, cuando tiene conocimiento de una persona desaparecida, y no puede recibir la denuncia hasta que pasen las 72 horas”, explicó.
Con esa modificación, agregó, bastaría una llamada telefónica o conocimiento a través de redes sociales sobre la desaparición de una persona para que se active la búsqueda. El mecanismo aplicaría para la población en general.
“Las primeras horas de las personas desaparecidas son cruciales; puede estar en peligro la vida de las personas”, indicó.
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es para concederle más facultades, “porque ya no queremos que sólo emita recomendaciones, y sólo dé vistas; debe ir más allá: brindar acompañamiento y ser institución vinculante con la Fiscalía General del Estado”.
Además, brindaría acompañamiento legal a las víctimas ante el Ministerio Público para el conocimiento del avance de los procedimientos de investigación.
“Todo esto ayuda y estos mecanismos van a influir para que tengamos una justicia transparente, pronta y que haya acompañamiento para colectivos y familias, que están pasando situaciones complicadas”, abundó.