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Cali, Colombia. La Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que se lleva a cabo en Cali, Colombia, ha generado un acuerdo significativo: la guerra contra las drogas tradicional es un fracaso y debe ser replanteada. Durante este evento, expertos y representantes gubernamentales han propuesto una nueva forma de abordar el problema global de las drogas, enfocándose en dejar atrás la persecución de los campesinos.

El Ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, destacó el liderazgo de su país en este proceso y subrayó que el prohibicionismo no ha sido una política efectiva. Este llamado al cambio se basa en la creencia de que la política actual debe evolucionar y adaptarse a la realidad.

Nueva política de drogas
El presidente colombiano, Gustavo Petro, presentará una nueva política de drogas que busca dejar de perseguir a los campesinos que cultivan hoja de coca y, en cambio, centrarse en desmantelar las redes de narcotráfico. Esta iniciativa representa un cambio significativo en la narrativa que rodea a la lucha contra las drogas.

Sin embargo, algunas organizaciones y expertos consideran que Colombia está siendo «tímida» en su liderazgo internacional. María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, argumenta que es necesario plantear alternativas para regular la cocaína, dado que existen millones de consumidores en el mercado.

El Ministro de Justicia reconoce la dificultad de llevar a cabo cambios drásticos debido a las leyes internacionales actuales, pero destaca la necesidad de avanzar hacia un mercado regulado con un uso razonable de diversas sustancias.

Acabar con el punitivismo
Otro tema clave abordado en la conferencia es la necesidad de dejar atrás el enfoque punitivo en la lucha contra las drogas. La idea de que las cárceles albergan a los grandes capos del narcotráfico se considera un mito. Las cárceles, en su mayoría, están llenas de personas de bajos recursos.

El enfoque punitivo se considera limitado en su efectividad y se reconoce como un error en las sociedades contemporáneas. El Gobierno colombiano plantea que los esfuerzos de persecución deben dirigirse hacia los líderes del narcotráfico en lugar de los campesinos empobrecidos que cultivan hoja de coca por falta de alternativas.