Por: Ernesto Cordero
El gobierno de México, agenciándose a la mala una mayoría constitucional que no ganó en las urnas, decidió salvarnos del malvado neoliberalismo. Para esto, revirtió la reforma energética del presidente Peña y nos regresó la soberanía al limitar severamente la participación privada en el sector. Incansables, decidieron reinventar al Poder Judicial con jueces elegidos en elecciones abiertas a la ciudadanía. Según ellos, esto garantizaría jueces al servicio del pueblo y nos convertía en el país más democrático del mundo.
Lamentablemente, la realidad no entiende de tan nobles intenciones. El resultado es el desplome en la inversión privada y el estancamiento económico. El año pasado, la inversión tuvo una caída de 6.6% y el crecimiento económico apenas fue de 0.6%. Nadie quiere invertir en un país donde los jueces están sometidos al gobierno. Además, al repeler la inversión privada en el sector energético, todo el financiamiento del sector recayó en las exhaustas arcas públicas. México lleva varios años presentando desbalances presupuestales importantes, gastamos más de lo que tenemos y lo financiamos con deuda. La carga para el erario ha resultado insostenible y como resultado no hay recursos para invertir en el sector. El dato al primer bimestre de 2026 reporta una caída en la inversión pública de 45%!!!!
Como atinadamente sostiene el prestigiado semanario británico The Economist, el daño es autoinfligido. Aun cuando el gobierno quiere culpar a factores externos de nuestra triste realidad, la lógica económica los delata. La buena noticia es que ya se dieron cuenta del colapso en la inversión, la mala noticia es como pretenden resolver el problema. En lugar de intentar remediar su reforma judicial y su contrarreforma energética, actúan de la única manera como saben hacerlo, de manera autoritaria y torpe causando más problemas que soluciones.
La llamada Ley para fomentar la inversión en infraestructura estratégica para el bienestar es un instrumento que ilustra su visión de la economía: el Estado es el único que decide dónde, cuándo y cuánto debe invertir el sector privado. Alguien tiene que explicarles que la libertad económica genera mayor prosperidad que la planificación centralizada.
Tristemente nadie le manifiesta a la presidenta Sheinbaum desacuerdo con su estrategia económica. Los empresarios que tienen la oportunidad de ser escuchados prefieren no contradecirla a decirle lo que verdaderamente piensan. Cada quien su conciencia.