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Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia negó este jueves un recurso de emergencia solicitado por el gobierno de Joe Biden para restablecer de inmediato la política de prioridades de deportación mientras revisa la totalidad de un proceso en el que dos cortes de apelaciones distaron fallos contrarios.
Sin embargo, el máximo tribunal de justicia dijo que escuchará los méritos del caso en diciembre, cuando celebre una audiencia para que los abogados de ambas partes en el proceso presenten sus argumentos orales.
En el fallo (5-4) participó por primera vez la magistrada Ketanji Brown Jackson, quien junto con los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett habrían accedido a la solicitud de la Administración Biden de suspender un fallo emitido por una corte federal de distrito de Texas que dejó sin efecto la política migratoria del mandatario en cuanto a las prioridades de expulsión, dijo el diario The Washington Post.
En su cuenta de la red social Twitter, el sitio Scotusblog dijo que el tribuinal «ha negado la solicitud de la administración de Biden para permitirle implementar su política de aplicación de la ley de inmigración mientras continúa el litigio, PERO acepta escuchar el caso en diciembre, sin esperar a que el tribunal inferior intervenga».
EL RECURSO DE EMERGENCIA
La semana pasada el gobierno presentó un recurso de emergencia ante el máximo tribunal para dejar sin efecto el fallo de una corte federal de Distrito de Texas que, en junio, frenó las prioridades de deportación de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
El paso fue dado tras dos sentencias distintas emitidas por las cortes de Apelaciones del 5º y 6º circuito, decisiones que generaron una contradicción sobre el tema.
El recurso legal tenía como objetivo dejar sin efecto el dictamen pronunciado por el juez federal Drew Tipton, de la corte federal de Distrito del Sur de Texas, que el pasado 10 de junio anuló las prioridades de expulsión enfocadas en aquellos extranjeros con antecedentes criminales que constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Los demandantes, los estados de Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, alegan que la política de deportaciones del DHS anunciada a finales de septiembre del 2021 violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).