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Caracas, Venezuela. María Corina Machado no piensa rendirse ante la última jugada sucia de la dictadura chavista para que Nicolás Maduro gobierne otro sexenio más, tras las elecciones presidenciales de este año, para las que sigue sin haber fecha.

“(El presidente) Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió quién es su candidata. El camino va a estar lleno de obstáculos y de tentaciones y ellos van a tratar de desmoralizarnos, dividirnos y sacarnos del foco, y eso es lo que no podemos permitir”, dijo desafiante este lunes, luego de que el viernes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) veta su candidatura, tal como pidió la Fiscalía.

Recordó su triunfo en las primarias del pasado 22 de octubre, cuando arrasó con el 92.35% de los votos, lo que le otorga —subrayó— legitimidad para competir en los comicios de este año, aún sin fecha definida, en los que Maduro buscará su tercer sexenio consecutivo en el poder.

«No pueden hacer elecciones sin mí; yo represento la soberanía», remarcó la opositora, quien expresó que la resolución del TSJ —que calificó como un acto de «delincuencia judicial»— se «le va a revertir» al chavismo.

«No vamos a parar, vamos a arreciar los planes; tenemos jugadas muy bien pensadas para superar una a una todas estas trabas que se pongan por delante, les aseguro que se van a sorprender», sostuvo, sin dar detalles sobre estos planes.

Machado es la principal candidata del antichavismo y aventaja a Maduro en las encuestas que se han hecho públicas.

La inhabilitación de Machado hasta el año 2035, que viola los acuerdos de Barbados de octubre pasado entre el gobierno y la oposición para la celebración este año de elecciones libres y transparentes, ha encendido nuevamente las alarmas en la comunidad internacional ante la nueva treta del régimen chavista para perpetuarse en el poder.

Los acuerdos de Barbados contó con la bendición de Washington, quien se convirtió en el catalizador de las negociaciones al acceder a una flexibilización de las sanciones petroleras por seis meses, a cambio de las liberaciones de presos estadounidenses y del establecimiento de un mecanismo para destrabar las inhabilitaciones políticas, con las que en los últimos años el régimen ha cerrado el paso a sus adversarios.