Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro. Diputadas del Congreso local demandaron mayor presupuesto y eficiencia legal para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, especialmente la feminicida.

Durante la segunda sesión legislativa de este martes, diputadas locales participaron en tribuna con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemoró el lunes 25 de noviembre.

La participación de la diputada Leticia Mosso Hernández, del PT, fue respaldada por todos sus compañeros, mientras relataba la violencia política en razón de género que sufrió recientemente.

“La violencia me afectó emocionalmente y por supuesto políticamente. La justicia no radica en la venganza y desde aquí le digo a quien me violentó que sí me causa un daño emocional en mi integridad, porque tiene tanto poder económico”, dijo.

Agregó: “hoy quiero agradecer a mis compañeros el apoyo que me están dando, porque no me atrevo a decir todavía su nombre, tengo miedo del daño que le pueda causar a mi familia”.

Desde la tribuna refirió que todavía existe una fuerte resistencia masculina e institucional en una sociedad donde prevalecen roles y estereotipos de que ciertos espacios no son aptos para mujeres, como el político.

A la tribuna se sumó la diputada María de Jesús Galeana Radilla, del PRD, quien informó que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero registró de enero a septiembre del 2024 al menos 18 víctimas de feminicidio y 16 durante el 2023.

“En los últimos tres años suman 37 feminicidios. Además, en el presente año se han acumulado 142 muertes por homicidio doloso, de las que no sabemos nada sobre las circunstancias de cómo ocurrieron”, dijo.

Agregó que esos números representan la expresión más lacerante de una violencia extrema hacia las mujeres, teniendo a Guerrero en cuarto lugar nacional de muertes por feminicidio u homicidio doloso.

A la postura se sumaron diputadas de otros grupos y representaciones parlamentarias, quienes demandaron mayor eficiencia en la aplicación de las leyes para combatir la violencia contra las mujeres, pero también mayor voluntad presupuestal.