IRZA
Chilpancingo, Gro. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dio su beneplácito al informe preliminar que rindió el jueves la Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa y recordó que “los crímenes de lesa humanidad, como la tortura y desaparición forzada, no prescriben y su castigo resulta fundamental para la construcción de un auténtico Estado de derecho en México”.

La CNDH dijo que esos avances en las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala en septiembre del 2014, derivaron en acciones de la Fiscalía General de la República (FGR), como la detención del ex procurador, Jesús Murillo Karam.

En un comunicado difundido el sábado, la CNDH refrendó “su solidaridad” con las madres y padres de los 43 muchachos desaparecidos y ratificó su “compromiso de acompañarlos hasta asegurar el pleno acceso a la verdad y a la justicia que desde hace 8 años reclaman”.

Señaló que confían en que “en esta ocasión el trabajo de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia sea el pertinente para esclarecer los hechos, de manera que todas las personas responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas, ya sea por acción u omisión de sus funciones, sean juzgados y sancionados conforme a derecho”.

Expuso que la llamada “verdad histórica” sobre que los 43 muchachos habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, municipio vecino de Iguala, “fue solo un argumento construido desde el Estado, en complicidad con (quienes integraban) la propia CNDH, para ocultar los hechos y a quienes estuvieron implicados en ellos, tanto en su ejecución como en su encubrimiento, recurriendo incluso a la tortura de personas y a la alteración o modificación de los escenarios en donde pudieron encontrarse indicios para realizar una adecuada investigación”.

Sostuvo que hubo una “colusión que hoy queda acreditada pero que por años se acalló y que sólo buscaba ocultar los lazos entre grupos del crimen organizado y autoridades federales, estatales y municipales”.

Indicó que en el informe que entregaron a los padres y madres de los normalistas y difundido el pasado mes de abril, “se estableció que el caso Ayotzinapa es una historia del horror, de ignominia, de terror, de impunidad y de corrupción, que enmarca la violencia estructural, las prácticas sistemáticas de tortura y de desaparición forzada, por años ejercitadas desde las instituciones del Estado, particularmente por aquellas diseñadas para garantizar y proveer seguridad a la sociedad, junto con las que son responsables de la procuración y administración de justicia”.

Y que se acreditó “que los dictámenes u opiniones técnicas que emitió personal de la CNDH en su momento fueron realizados en gabinete, es decir, que ni siquiera se acudió al lugar de los hechos; que la aplicación de los protocolos de Estambul presentó serias deficiencias que no permitieron la documentación de prácticas de tortura realizadas a diversas personas detenidas; que en varios momentos, la extinta Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH, actuó bajo una lógica de investigación ministerial y no de documentación de violaciones a derechos humanos, facultad constitucional de este organismo nacional”.

Además, que el trabajo de dicha oficina especial “se hizo bajo secrecía y compartimentación de la información, a tal grado que las personas que participaron en las diversas diligencias desconocían lo que el resto del personal realizaba en torno al caso; que se obvió el papel de integrantes de las Fuerzas Armadas que en su momento tuvieron conocimiento de los hechos y que no se consideró la importancia de investigar la cadena de los mandos medios policiacos, y su participación por acciones u omisiones durante los hechos victimizantes”.

También que la entonces Procuraduría General de la República y los comisionados para Derechos Humanos en aquel entonces, omitieron “el hallazgo de porciones petrosas de huesos, importantes para las investigaciones. Es por todo lo anterior que ésta (la actual) CNDH suspendió, en acuerdo con las madres y padres de los 43 normalistas, la Oficina Especial para el Caso Iguala y sometió a revisión la Recomendación 15VG/2018; pero continúa trabajando ahora, bajo una nueva lógica y compromiso, para garantizarles el acceso a la verdad y a la justicia, algo que desde luego merecen todas las familias afectadas pero también al pueblo mexicano en su conjunto”.

La CNDH agregó que esos hechos “significan un agravio que no podemos ni debemos permitir se repita una vez más; es de destacar por último, que el informe señala algunos pendientes que todavía se deben atender, entre otros, investigar a personal de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación que conocieron los hechos minutos después del primer ataque a los normalistas”.

Por ello consideran que se debe “investigar sobre los nexos entre la delincuencia organizada y elementos de las fuerzas armadas, autoridades federales y autoridades estatales de Guerrero; investigar desde una perspectiva integral los delitos cometidos (en aquella misma fecha) contra el estudiante (normalista) Julio César Mondragón Fontes”.