Por: Rogelio Agustín

El Centro de Derechos Humanos “José Maria Morelos y Pavón” (Centro Morelos), aseguró que en Guerrero, hasta la fecha se tiene un promedio de 25 mil personas que han sido desplazadas de sus pueblos y comunidades, principalmente a causa de la violencia que se vive desde 2016.

A través de un comunicado firmado por la coordinadora estatal, Teodomira Rosales Sierra, se informó que las personas víctimas de desplazamiento Forzado Interno podría llegar a las 30 mil víctimas en el presente año, si las autoridades no frenan la situación de violencia que se vive en las regiones del Centro, Tierra Caliente, Sierra y Costa Grande.

En el texto que circuló este lunes 6 de febrero, el Centro Morelos indica que el actual gobierno estatal minimiza la violencia que se vive en la entidad y hace un recuento de hechos violentos que van desde “la masacre de 22 personas en San Miguel Totolapan”, el 5 de octubre de 2022 hasta el 2 de febrero de 2023, cuando se enfrentaron civiles armados contra policías y militares en Parotal, municipio de Petatlán, hecho que dejó el saldo de cinco muertos.

Con los hechos violentos que documentó el Centro Morelos, indica que en Guerrero “no hay paz ni tranquilidad, que se trata de la consecuencia de una guerra por el control del territorio, lo que ha provocado que decenas de familias sean desplazadas de sus lugares de origen.

En el documento, el Centro Morelos señala: “Le recordamos a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda que desde el año 2016 hasta el 2021, sumaron 22 mil 840 desplazados a los que habría que sumarle los más de 2 mil 500 del 2022 y los que van de enero de este año, por lo que Guerrero tiene más de 25 mil desplazados en el estado”.

El Centro Morelos llamó a las autoridades a actualizar y reglamentar la Ley 487 para Atender y Prevenir El Desplazamiento Interno, que el Senado de la República Ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

Además, pide que las y los desplazadas sean reubicados, acompañados con una reparación del daño, además que los tres órdenes de gobierno implementen una estrategia de Paz y Seguridad que en realidad aporte resultados.

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