Por: Vicky Barrios
Iguala, Guerrero, Julio 2.- Este martes se realizó el primero de cuatro cursos-talleres que llevará a cabo la Contraloría del Estado, con el tema “Capacitación sobre los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas”, dirigido al personal de Control Interno, Jurídico y diversas áreas del Ayuntamiento de Iguala. El taller fue impartido por Saúl Montúfar Mendoza.
Durante la capacitación, se informó a los servidores públicos sobre sus responsabilidades por acción u omisión, así como las consecuencias y sanciones a las que podrían enfrentarse. Estas sanciones van desde una amonestación pública o privada, hasta la inhabilitación del servicio público por un periodo de hasta 20 años.
Saúl Montúfar Mendoza, subsecretario de Normatividad Jurídica y Transparencia Gubernamental, explicó a más de 96 servidores públicos igualtecos el procedimiento para la investigación, sanción y determinación de responsabilidades administrativas, conforme a la instrucción de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda de brindar apoyo a todos los municipios, y en seguimiento a las directrices del secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Francisco González Sánchez.
Detalló que un procedimiento de responsabilidades administrativas puede iniciarse por tres vías: mediante una denuncia (ya sea de una persona afectada o no), como resultado de una auditoría, o bien de oficio, cuando se detecta alguna irregularidad a través de medios de comunicación u otras fuentes.
Asimismo, informó que existen dos tipos de faltas administrativas: graves y no graves. Ambas se investigan a través del mismo proceso, aunque las sanciones que se derivan son distintas.
Por su parte, Ellas Flores Velázquez señaló que actualmente se tiene conocimiento de 14 procedimientos en contra de igual número de funcionarios, los cuales se encuentran en proceso de investigación, conforme a las etapas establecidas.
Agregó que, por la secrecía del proceso, no se pueden revelar los nombres de los involucrados ni si pertenecen a la administración anterior o a la actual. Sin embargo, mencionó el caso de una empleada de Capami que se incrementaba el salario de manera constante; fue despedida al inicio de la presente administración y, a su vez, interpuso una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ambos procesos, incluido el que se sigue en el Tribunal de Justicia Administrativa, continúan su curso.
Flores Velázquez aclaró que el Órgano de Control Interno Municipal no es un ente sancionador, pero sí conoce de estos procedimientos, les da cauce y los canaliza a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, que es la instancia encargada de investigar y aplicar las sanciones correspondientes.