Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., Aunque no existe una razón aparente, los ayuntamientos de Guerrero no han avalado las reformas a la Constitución Política local aprobadas por la actual 64 Legislatura del Congreso local.

La diputada Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, aseguró que por lo menos 24 reformas a la Constitución local no han sido abordadas por los cabildos.

Algunas de esas reformas tienen seis años esperando entrar en vigor, otras, de las más recientes, ya venció el plazo de 60 días que otorga la Constitución para ser avaladas, reveló durante la sesión legislativa de este martes.

En su intervención exigió que los titulares de los ayuntamientos “asuman con la seriedad debida su rol en el proceso legislativo”, porque representan el vínculo entre el pueblo y la norma que lo rige.

“Y no es bueno que la omisión, la indiferencia o la tibieza de algunas autoridades municipales se convierta en un obstáculo para que estas garantías lleguen a cada rincón del estado”, soltó.

De acuerdo con la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena, de los 83 ayuntamientos y dos Concejos Municipales, se requiere por lo menos el aval de 43 para declarar la validez de una reforma a la Constitución local aprobada por el Congreso.

Al respecto citó un ejemplo. Recordó que el 29 de junio de 2022 fue aprobada una reforma a la Constitución local para garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes sobre cualquier uso y costumbre, es decir, la lucha jurídica contra los matrimonios y la cohabitación forzada de niñas.

“Pero ese derecho fundamental no puede concretarse en la Constitución de Guerrero, porque los gobiernos municipales han omitido su responsabilidad de pronunciarse al respecto”, acusó.

Por eso, desde la tribuna del Recinto Legislativo, llamó a los presidentes municipales, síndicos y regidores a que avalen cuanto antes todos los decretos de reforma constitucional que les han llegado y que se encuentran “rezagados” en sus cabildos.

Agregó que el Congreso local tiene la voluntad política y la responsabilidad para legislar en torno a la agenda que beneficia al pueblo, pero demandó que los ayuntamientos hagan lo propio y se refleje en la realidad de los hechos.

“No por consigna, no por partido, avalen por justicia, avalen por el pueblo que representan. Avalen por las generaciones que vendrán. Que nunca más la protección de los más vulnerados quede detenida por falta de voluntad política”, señaló.