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Ciudad de México, Entre 2020 y 2026, al menos 35 alcaldes y cientos de funcionarios municipales han sido detenidos o vinculados a proceso por presuntos lazos con el crimen organizado en México, de acuerdo con una revisión elaborada por La Razón.
El fenómeno abarca desde Chiapas hasta Jalisco, revelando una estrategia sistemática de los cárteles por infiltrarse y controlar el poder local no sólo para el narcotráfico, sino para extorsionar, desaparecer personas y ejercer control territorial.
Expertos consultados señalan que la penetración del crimen organizado en los ayuntamientos mexicanos ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una crisis nacional de gobernabilidad.
Estados como Michoacán, Veracruz, Jalisco, Chiapas y Estado de México concentran la mayor parte de los casos documentados, donde autoridades electas democráticamente operan bajo la sombra o en complicidad directa con organizaciones como el Cértel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y el Cártel Chiapas-Guatemala.
El caso de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, detenido por extorsión y presuntos vínculos con el CJNG, es el más reciente. En esa misma entidad, en mayo de 2025, fue detenido el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, luego de que se descubriera el Rancho Izaguirre, un centro de entrenamiento donde jóvenes eran cooptados para convertirse en sicarios de ese mismo grupo criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR) documentó que Murguía “no sólo conocía las operaciones del lugar, sino que habría facilitado la protección y logística a la organización criminal”, incluyendo colaboración directa con líderes del cártel.
En Chiapas, desde 2025, al menos tres alcaldes en funciones han sido detenidos. Ernesto Cruz Díaz, de Cintalapa, fue capturado en enero de 2026 por corrupción y presuntos vínculos con el CJNG y el Cártel Chiapas-Guatemala, mientras que José Antonio ‘N’, de Frontera Comalapa, enfrenta señalamientos por desaparición forzada, homicidio, extorsión y nexos criminales.
El caso más alarmante se registró en Michoacán, donde un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, elaborado en septiembre de 2021, reveló que 29 de los alcaldes que habían tomado protesta ese año presentaban señalamientos de vínculos con la delincuencia organizada.
Entre ellos, Artemio Moriya Sánchez, de Tacámbaro, cuya hija fue detenida en Texas con casi 250 mil dólares y dos armas en agosto de 2022, vinculándolo con el CJNG.
Enrique Velázquez Orozco de Contepec, señalado por nexos con La Familia Michoacana, fue asesinado en febrero de 2022 tras apenas cinco meses en el cargo.
La “Operación Enjambre”, iniciada en noviembre de 2024, ha destapado redes de complicidad en múltiples estados. En el Estado de México, María Elena Martínez Robles, alcaldesa de Amanalco, fue sentenciada a 70 años de prisión en diciembre de 2025 por el homicidio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz, con vínculos probados con La Fami-
lia Michoacana.
En el mismo estado, María del Rosario ‘N’ y Pedro Luis ‘N’, ambos de Santo Tomás de los Plátanos, fueron detenidos por utilizar su poder político para extorsionar mediante la misma organización criminal.
Veracruz tampoco ha escapado a esta crisis. En 2020, Jorge Fabián ‘N’, alcalde de Lerdo de Tejada, fue detenido y permanece en un centro penitenciario federal en Durango acusado de secuestro agravado.
Guillermo García, analista en materia de seguridad, explica que los grupos delincuenciales intentan infiltrar y controlar administraciones municipales con el objetivo de garantizarse impunidad, ingresos ilícitos y respaldo operativo.
“Esta estrategia implica intervenir en la toma de decisiones sobre el gasto público y la administración de fondos gubernamentales. Cuando una organización criminal logra capturar el poder local, disminuyen significativamente las posibilidades de enfrentar acciones de las autoridades y se asegura el dominio de sectores estratégicos como la tesorería municipal y la adjudicación de proyectos de infraestructura, colocando en esos puestos a colaboradores leales o subordinados a sus intereses”, indicó.
Víctor Hernández, especialista en seguridad, explica que los municipios representan el eslabón más vulnerable en la cadena de gobierno: “Son la primera línea de contacto con la delincuencia. Conocen el territorio, las dinámicas sociales y a los actores locales, pero carecen de autonomía real para actuar”.
El problema, advierte, no radica necesariamente en la falta de voluntad local. “Durante al menos dos décadas, el Gobierno federal ha impulsado una estrategia deliberada de centralización en la toma de decisiones, especialmente en materia de seguridad. Esto ha relegado a los municipios a un papel secundario, casi decorativo, en una función que constitucionalmente les corresponde”.
Esta centralización, agrega Hernández, ha dejado a los gobiernos municipales expuestos y debilitados frente a grupos delictivos que operan con lógica territorial y visión de largo plazo: “En ese vacío de poder, el crimen organizado encuentra terreno fértil para cooptar autoridades locales, imponer sus propias reglas y disputar el control del espacio público”.