Por: Boletín
Chilpancingo, Guerrero, Febrero 9.- La diputada Gabriela Bernal Reséndiz propuso incorporar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito de la administración pública, para el libre ejercicio de la función, la toma de decisiones y el acceso a los recursos y prerrogativas de ley, en pie de igualdad con los hombres, estableciendo medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia política en la administración pública del estado y sus municipios.
Al presentar la iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, la diputada expuso que el 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a diversas leyes generales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, como una modalidad de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Se estableció, además, un catálogo de 22 conductas que constituyen esta modalidad de violencia, de las cuales 14 se instituyeron como delitos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, imponiendo diversas sanciones de carácter penal, mientras que otras son reconocidas y sancionadas como faltas administrativas tanto en la Ley General de Instituciones y Delitos Electorales, como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ante ello, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PRI manifestó que Guerrero es la única entidad que a la fecha no ha armonizado estas disposiciones, lo que representa un rezago y un déficit de la vida democrática del estado que resulta urgente revertir.
“Es menester destacar la importancia de avanzar en la armonización legislativa en esta materia para asegurar a las ciudadanas de Guerrero un piso de protección jurídica más firme, que a su vez refleje la vocación democrática de las instituciones del estado y el compromiso de los tres poderes con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en todas las esferas de la vida, incluida la vida pública y política”, señaló.
Agregó que en esta iniciativa de armonización se incorpora el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito de la administración pública, particularmente para el libre ejercicio de la función pública, toma de decisiones y acceso a los recursos y prerrogativas de ley, en igualdad de condiciones con los hombres.
También se atiende la competencia administrativa, definiendo sanciones que deben aplicarse con perspectiva de género.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su respectivo análisis y dictaminación.