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Ciudad de México. En un escenario de contiendas políticas adelantadas, focos rojos en materia de seguridad en buena parte del país y de división en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo jueves 7 de septiembre comenzará formalmente el proceso electoral 2023-2024. Ante ello, el árbitro tiene los retos de elevar la participación ciudadana y blindar los votos ante distintas amenazas.

De igual forma, deberá identificar los posibles “nudos” en la “cadena de custodia” de millones de sufragios que serán emitidos para decidir poco más de 21 mil cargos de elección popular.

Si bien al INE sólo le corresponde la organización de las elecciones federales, tiene también ciertas responsabilidades en el resto, en su carácter de mando del Sistema Nacional Electoral, que el año entrante se pondrá a prueba, en su primera década de existencia.

Por lo pronto, más que declarar si la del 2 de junio será la elección “más grande de la historia”, el propósito de las autoridades es que la gente vaya a las casillas y las boletas lleguen sin contratiempos a las mesas receptoras, para llevarlas a bodegas custodiadas por las fuerzas armadas.

La llamada “maquinaria electoral” deberá alistarse para convocar a 98 millones de personas, proyección del tamaño del padrón electoral el año entrante, aun cuando –según cifras oficiales del INE– en México 35 por ciento de ciudadanos con credencial de elector no ejercen su derecho al voto.

Áreas medulares
Las áreas medulares del organismo tienen la misión de instalar y operar alrededor de 170 mil casillas a cargo de ciudadanos previamente capacitados, así como garantizar a los mexicanos el ejercicio de sus derechos políticos con elecciones de calidad.

El escenario para el proceso 2023-2024 es inédito por varios factores: primero, porque habrá elecciones federales y locales en todo el país, en las 32 entidades; además, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE generar lineamientos para regular los “procesos internos”, nombre que se le dio a las estrategias anticipadas de los dos bloques partidistas para nombrar a sus virtuales candidatos a la Presidencia de la República.

La mayoría de los magistrados de la sala superior del TEPJF determinó que las acciones de estas coaliciones se ampararon en el derecho de autorganización de los partidos y, además, porque la cultura política del país así es: ninguna fuerza política se espera a los 60 días de precampaña para decidir quiénes serán sus liderazgos y futuros candidatos presidenciales, como declaró en entrevista el magistrado presidente, Reyes Rodríguez.

Ante estos episodios adelantados, la magistrada Janine Otálora advirtió puntual que éstos constituían “fraude a la ley”, por lo que era necesario suspender absolutamente todos los acuerdos de Morena y aliados, así como los del PAN, PRI y PRD, promotores del Frente Amplio por México.

Sin embargo, Otálora quedó en solitario y se ratificó la orden al INE para elaborar los citados lineamientos e iniciar la respectiva fiscalización. Al mismo tiempo, el organismo ya atendía un alud de denuncias por presuntos actos anticipados de campaña (de enero a agosto de este año, el INE recibió 506 denuncias sólo por esa causa), más las que se acumulen de aquí al comienzo de las precampañas, que será la primera semana de noviembre.