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Ciudad de México. Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos graves que merecen prisión preventiva oficiosa.

Tal como lo aprobó la Cámara de Diputados, se estableció que los jueces dictarán prisión directa por extorsión y comprobantes fiscales falsos, y se excluyó el narcomenudeo, tráfico de fentanilo y la defraudación fiscal.

El dictamen fue aprobado por 22 votos en favor de legisladores de Morena, PT y PVEM, y 10 en contra de senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

El senador de MC, Luis Donaldo Colosio, afirmó que la prisión preventiva oficiosa viola el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución, y “es la renuncia” del Estado para judicializar los delitos.

“No hay evidencia que la ampliación de la prisión preventiva oficiosa mejore la impartición de justicia. En delitos incluidos anteriormente como la trata de personas o feminicidio, las tasas de resolución siguen siendo bajas”, puntualizó.

Extorsión provoca “narco inflación”, dice petista
El integrante del PT, Alejandro González Yáñez, argumentó que de 2018 a 2023 el delito de extorsión aumentó en un 47.6% en todo el país, lo que está provocando —consideró— una “narco inflación”, es decir, una parte porcentual de la inflación.

“Esto hay que pararlo, venimos a enfrentar a los problemas, no ahuyentarnos de los problemas. Hay que parar la extorsión, sí o sí, en este país; incluso, se está llegando al grado de que delincuentes extorsionan a delincuentes. Este es un delito al que vamos a enfrentar de manera decisiva porque los afectados son incluso en mercados, tianguis, centros comerciales, comercios en la vía pública, transporte público que están afectando gravemente la economía de nuestro país”, sostuvo.

El senador panista Ricardo Anaya cuestionó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum promueva que las personas sean llevadas hasta dos años a prisión por delitos mientras se averigua si son culpables, lo que consideró que contraviene tratados internacionales en materia de hechos humanos.

“Sólo porque el juez dice, bajo un estándar probatorio mínimo, hay elementos para iniciar el proceso, la persona se va dos años a la cárcel”, sostuvo.

El senador morenista Saúl Monreal consideró que la prisión preventiva, “no es un cheque en blanco para encarcelar a los inocentes, al contrario, es labor del ministerio público acreditar con datos de prueba idóneos la probabilidad de que el indicado haya cometido el hecho delictivo”.

Este dictamen será presentado al pleno del Senado de la República, tentativamente, en la sesión de este miércoles.