Boletín
Chilpancingo, Gro., Octubre 21.- Diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron un dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero para transformar la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, producto de una iniciativa enviada por la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda.
A nombre de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez fundamentó el dictamen, destacando que con esta modificación se decide el tipo de gobierno que se quiere para Guerrero.
Señaló que previamente a nivel federal se dieron pasos firmes con la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, para terminar con estructuras costosas, duplicadas y alejadas de la gente.
“Guerrero no se queda atrás. Este Congreso ya armonizó la Constitución mediante el Decreto Número 257, publicado el 21 de abril de 2026. Lo que hoy votamos es el paso que sigue y que completa esa obra: llevar el mandato constitucional a la ley que organiza el Gobierno del Estado”, expuso.
Con estas modificaciones se contará con una Ley Orgánica actualizada; se armoniza la Ley Secundaria y se hace una reingeniería de fondo, al dotar a la Secretaría de 48 atribuciones que pasan de un modelo meramente reactivo, que llegaba cuando el daño ya estaba hecho, a uno que prevé la integridad pública, evaluación del desempeño, simplificación de trámites, gobierno digital y datos abiertos.
Además, los derechos de transparencia y protección de datos personales están garantizados y no se extingue ni uno solo, garantizando también que losÓrganos Internos de Control dependan jerárquica y funcionalmente de la Secretaría, y ya no de las dependencias que auditan.
De la misma forma, se prevé el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas que sean transferidos, sin menoscabo de su antigüedad y prestaciones, estableciéndose una transición ordenada, continuidad de los expedientes en trámite y un plazo de 90 días para las adecuaciones reglamentarias.