Por: Fernando Polanco Ochoa

Chilpancingo, Gro., Febrero 7.- La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso local aprobó este jueves los lineamientos que regirán la dictaminación de la iniciativa de reforma a la Constitución de Guerrero para la “transformación” del Poder Judicial, en armonía con el federal.

La diputada Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la citada comisión, dijo al respecto que en los próximos días recibirán la iniciativa, mediante un esfuerzo coordinado entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Por esa razón, agregó, declararon a esa comisión en sesión permanente para elaborar el dictamen de la reforma, misma que deberá estar listo en 15 días a partir de recibir el proyecto.

“Por ley tenemos un plazo de 30 días hábiles, pero hemos decidido hacer un esfuerzo para darle tiempo al resto de los actores involucrados en el trámite legislativo, al pleno del Congreso para su discusión y votación; a los ayuntamientos y Poder Ejecutivo para su publicación”, explicó.
En ese sentido la diputada Citlali Calixto destacó la visión de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, especialmente de la del legislador Jesús Urióstegui García, presidente de ese organismo parlamentario, “quien construyó los consensos para darle rumbo a este proceso”.

Además, “promueve la suma de voluntades, apertura al diálogo para encabezar la armonización legislativa con la norma federal en materia de la reforma al Poder Judicial y llegue a buen puerto en beneficio del pueblo guerrerense”.

Esa comisión está integrada por Citlali Calixto Jiménez, como presidenta; María del Pilar Badillo Ruiz, como secretaria, así como Joaquín Badillo Escamilla, Alejandro Carabias Icaza y Robell Urióstegui Patiño, como vocales.

Además del mecanismo electivo de jueces y magistrados que contendrá el proyecto de reforma, el diputado Robell Urióstegui Patiño, integrante de esa comisión, explicó que se incluirá la renovación del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, los juzgados de Primera Instancia, los juzgados de Paz y órganos de carácter administrativo.

Prevén sustituir el Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial “para prevenir, atender y sancionar actos de corrupción para contar con un Poder Judicial más honesto”.

Entre los principales cambios, citó la elección de personas juzgadoras por voto popular, con lo que buscan empoderar al pueblo y profundizar la democracia en todos los poderes del estado.

Prohibirá las onerosas pensiones vitalicias para el nuevo personal del Poder Judicial y ampliará los alcances de la política de austeridad.
También ajustarán las remuneraciones conforme a lo establecido en la Constitución federal, de tal manera que nadie podrá ganar más de lo que percibe la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.