Boletín e IRZA
Chilpancingo, Gro., Por unanimidad, diputadas y diputados de la 64 Legislatura aprobaron reformas al Código Penal del Estado para aumentar la penalidad hasta en 40 años de prisión para quienes cometan delitos sexuales y de privación ilegal de la libertad contra niñas, niños y adolescentes.

Este dictamen de reformas a los artículos 179, 181, 184, 186 y 191 del Código Penal del Estado, es derivado de una iniciativa enviada por la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda y busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, al aumentar las penas para quienes cometan dichos delitos, asegurando un marco normativo que reconozca sus derechos de manera integral y garantice su dignidad y protección efectiva.

Al fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Justicia, la diputada Luissana Ramos Pineda señaló que estas reformas representan un avance firme para garantizar sanciones más severas y efectivas contra quienes vulneren la integridad de la infancia y la juventud guerrerense.

Agregó que con estas modificaciones se fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes, ya que agrava las penas por delitos sexuales y privación ilegal de la libertad contra estos, y con ello se reafirma el compromiso por consolidar sus derechos y dar certeza jurídica.

“Este decreto no solo fortalece el marco legal de Guerrero sino que también envía un mensaje claro e inquebrantable que en el estado no hay cabida para la impunidad”, apuntó la diputada, vocal de la Comisión.

Con estas reformas también se fortalece el marco de prevención, se asegura el acceso a la justicia y servicios de apoyo efectivos para las víctimas y armoniza el lenguaje normativo con los principios de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en materia de derechos de la infancia.

Las reformas establecen penas por violación equiparada de 12 a 40 años de prisión; por abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, penas de 12 a 17 años de prisión y multas de 500 a 950 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), más la reparación del daño.

En el caso de hostigamiento sexual contra niñas, niños y adolescentes, penas de cuatro a 10 años de prisión y multas de 150 a 500 días de UMA, y si el responsable es servidor público será destituido e inhabilitado por un periodo igual al de la pena impuesta; contra el delito de acoso sexual se impondrán penas de cuatro a 10 años de prisión y multas de 100 a 400 días de UMA.

En la privación ilegal de la libertad (agravantes) si excede 24 horas se incrementa un mes de prisión por cada día adicional; si se usa violencia física o moral o la víctima no puede comprender el hecho, la pena será de tres a siete años y seis meses de prisión y hasta 375 días de multa y si la víctima es menor de 18 años, la pena será de cuatro a 10 años de prisión y hasta 500 días de multa.

DE LOS HECHOS
Camila, una niña de 8 años de edad, originaria de Taxco de Alarcón, desapareció el 27 de marzo, después de haber acudido a jugar a la casa de Ana Rosa Díaz Aguilar, vecina y amiga de su mamá, Margarita Ortega Díaz.

Un día después fue localizada sin vida, el 28 de marzo. Ese mismo día, debido a la tardía intervención de las autoridades, la población enardecida sustrajo con violencia de su vivienda a los presuntos responsables: Ana Rosa Díaz Aguilar y sus hijos Juan Alfredo “N”, menor de edad y Axel “N”, quienes fueron linchados. Ana Rosa murió, mientras que sus hijos fueron detenidos.

El martes 27 de agosto del 2024 el Tribunal de Justicia para Adolescentes de Guerrero dictó sentencia a 5 años de prisión para Juan Alfredo, hijo menor de Ana Rosa, además del pago de reparación del daño, por el feminicidio de Camila.

Los otros imputados son Axel, hijo mayor de Ana Rosa, y José “N”, un taxista que habría ayudado a sacar el cuerpo de Camila de la casa donde fue privada de la vida, cuyo proceso iniciaría en junio próximo.

A la sesión de este miércoles acudieron familiares de Camila, encabezados por su mamá Margarita Ortega Díaz, quien agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado por promover la iniciativa y a los diputados por aprobarla, la cual honra a su hija, pero fortalecer la protección a todos los niños, y llamó a los padres de familia a cuidar a sus hijos porque, dijo, “hay muchos demonios disfrazados de gente”.

Sobre el juicio contra los presuntos responsables, el cual iniciaría en junio, no quiso hablar porque, pero confió en que haya justicia. El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, celebró la aprobación de la iniciativa, misma que fue aprobada por unanimidad.

El caso de Camila ocurrió en marzo del 2024 en Taxco de Alarcón, en pleno periodo vacacional de Semana Santa, en cuya ciudad tiene lugar una de las celebraciones religiosas más icónicas de todo el país, la cual se caracteriza por el autoflagelo para el perdón de los pecados, evoca la paz y la reivindicación social.