Este jueves en dos sesiones ordinarias, el Pleno de la 63 Legislatura aprobó las Leyes de Ingresos para los Municipios y para el Estado de Guerrero, el proyecto de Código Fiscal y reformas a las Leyes del Sistema de Coordinación Hacendaria y de Hacienda.
Al fundamentar el dictamen correspondiente al ámbito municipal, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, en su calidad de integrante de la Comisión de Hacienda, señaló que con este ordenamiento se dota a las administraciones municipales de herramientas legales vinculadas con sus atribuciones fiscales y recaudatorias, que les permitirá contar con recursos financieros suficientes para atender de manera eficaz las demandas sociales.
Subrayó que esta ley será aplicable para aquellos municipios que no cumplieron con el requisito y las formalidades técnicas y normativas vigentes en la presentación de sus iniciativas de Ley de Ingresos, para que cuenten con la normativa de vigencia anual que contiene las estimaciones de recursos financieros que se pretende recauden los ayuntamientos.
El diputado José Efrén López Cortés, al fundamentar el dictamen de Código Fiscal como integrante de la Comisión de Hacienda, explicó que sus objetivos principales son simplificar el sistema recaudatorio, fomentar la cultura de cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales entre los contribuyentes y terminar con la corrupción tributaria.
Además, indicó que en sincronía con el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, se establece la modernización tecnológica de la administración tributaria y se protege el interés fiscal, ya que el actual Código adolece del refrendo secretarial del titular del ramo; es decir, del secretario de Finanzas y Administración, lo que constituía un requisito básico para la formación válida del acto legislativo, como lo establece la Constitución Política del Estado.
López Cortés fundamentó también el dictamen de la Ley de Ingresos del Estado, subrayando que la misma contribuirá a lograr mayor eficiencia y transparencia en la integración de los ingresos del estado por el cobro de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, lo que a su vez elevará el grado de cumplimiento oportuno y voluntario de las y los contribuyentes.
Destacó que en esta ley se observa un incremento en ingresos de gestión del 11 por ciento en comparación con el 2022; en los conceptos de impuestos el incremento es del 12 por ciento; en derechos el 10.4 por ciento; en productos 5 por ciento; aprovechamientos 8.6 por ciento; en las participaciones federales un incremento del 18.2 por ciento; en aportaciones federales del ramo 33 un 10.9 por ciento y por convenios un 5.6 por ciento.
En su oportunidad, la diputada Beatriz Mojica Morga fundamentó el dictamen de reformas a la Ley del Sistema de Coordinación Hacendaria, refiriendo que este ordenamiento tiene como objetivo fundamental fortalecer las relaciones hacendarias entre el estado y los municipios, así como establecer los fondos de participaciones y las fórmulas correspondientes para su correcta distribución entre las demarcaciones.
También, dijo que con estas modificaciones se atiende la observación derivada de la auditoría 942 emitida por la Auditoría Superior de la Federación sobre la deficiencia en la redacción de la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal contenida en esta ley, que no precisaba las partes de cómo se divide el Fondo, y se clarifica la forma en cómo se distribuye el excedente del 30 por ciento que establece la Ley de Coordinación Fiscal, la cual es aplicable única y exclusivamente en beneficio de los municipios que hayan suscrito con el estado el Convenio de Recaudación.
Finalmente, la diputada Mojica Morga fundamentó el dictamen de reformas a la Ley de Hacienda del Estado, indicando que con esto se pretende armonizar el marco normativo en materia fiscal para que el pago de contribuciones sea proporcional y equitativo, y adecuar el texto normativo relacionado con el cobro de derechos por el ejercicio notarial y por los servicios prestados por los archivos de notarías.
“De igual manera ocurrió con la actualización de las tarifas para el cobro de derechos relacionados con la autorización e inscripción al Registro Estatal de Peritos Valuadores de Bienes Inmuebles. Confiamos en que con estas reformas se fortalecerán las finanzas públicas para contar con los recursos que ayuden a las entidades paraestatales de la administración pública a mejorar su autonomía financiera, logrando con ello un adecuado desempeño institucional, en beneficio de la sociedad guerrerense”, apuntó.