El gobierno de Guerrero está dispuesto a otorgarlas: Ludwig Marcial
Por: Rogelio Agustín
Acasi un mes de que firmaran una carta dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, denunciando amenazas de muerte por parte del grupo delictivo de “Los Tlacos”, ninguna de las autoridades municipales ni los y las legisladoras que lo suscribieron han solicitado que se les otorguen medidas cautelares. El 8 de abril, nueve presidentes y presidentas municipales de la Tierra Caliente, más dos de la zona Norte, junto con cuatro diputadas y diputados, se reunieron en San Miguel Totolapan para redactar una carta dirigida a la gobernadora Salgado Pineda.
En dicho documento, se anota que las autoridades municipales y los legisladores que suscriben han recibido amenazas de muerte por parte del grupo delictivo que opera en la Sierra, razón por la que manifiestan que no acudirán a ninguna reunión de trabajo realizada en Chilpancingo, pues corren el riesgo de ser objeto de un atentado. Aunque inicialmente habían planteado que la reunión se realizara en Apaxtla de Castrejón, al final accedieron a que dicho encuentro se desarrollara en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería, cuya sede se ubica en Ciudad Altamirano. En realidad son dos los encuentros realizados, el primero se desarrolló el jueves 27 de abril y el segundo el martes 2 de mayo.
PIDIERON LA DESTITUCIÓN DE LA FISCAL
En una charla realizada vía telefónica, Reynoso Núñez comentó que inicialmente, los alcaldes habían manifestado cierto malestar por algunas situaciones realizadas por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE). Se habló de algunos cateos, detenciones de personas sin órdenes de aprehensión y el aseguramiento de vehículos sin la documentación requerida. En la reunión estuvo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cacilia Narciso Gaytán, quien se dio a la tarea de retomar todos los datos relacionados con supuestos abusos cometidos por elementos de la FGE, para efecto de realizar la investigación correspondiente. “Se van a investigar las conductas asumidas por algunos funcionarios, no necesariamente la fiscal (Sandra Luz Valdovinos), porque se habla de patrullas que no tienen los logos, de conductas que no son las adecuadas y esto nos puede llevar a la revisión correspondiente”, anotó. De momento, la petición de que la titular de la FGE deje el cargo quedó superada, indicó el responsable de la política interna.
NO HAY DENUNCIAS CONTRA LOS ALCALDES
Respecto a la situación jurídica de los presidentes municipales, particularmente en los casos de Tlapehuala, Pungarabato y Coyuca de catalán, quienes se colocaron al frente de los bloqueos, Reynoso Núñez señaló que hasta el martes 2 de mayo no se conocía la existencia de alguna denuncia en su contra, por el delito de ataques a las vías de comunicación. Sin embargo, refirió que las investigaciones que se encuentran abiertas en contra de los grupos criminales que tienen presencia en la Tierra Caliente van a seguir su curso, lo mismo que los trabajos encaminados a garantizar la seguridad de la población. Hasta este miércoles, nadie se ha presentado ante la FGE para reclamar la propiedad de alguno de los vehículos asegurados en Pungarabato, mismos que ya se encuentran resguardados en Chilpancingo. “Se trata de un lote de vehículos de alta gama, anda por ahí un Lamborguini, una Hummer, camionetas de colección cuyo costo todavía no se ha establecido”, refirió.
NADIE HA PEDIDO SEGURIDAD ESPECIAL
Respecto a la situación de alcaldes y diputados que se dicen víctimas de amenazas, el secretario de Gobierno señaló que nadie ha solicitado la asignación de medidas especiales. “Lo que estamos haciendo con la Policía y el Ejército, es fortalecer las medidas de vigilancia en todo el estado, para apoyar a toda la población, no en algún caso en particular”, refirió. “Lo que se está haciendo es generar condiciones para que ellos puedan hacer sus traslados desde Tierra Caliente hacia Chilpancingo y viceversa, se trata de fortalecer la seguridad para que ellos no tenga ningún contratiempo”, anotó. Aclaró que si alguno de los denunciantes, en algún momento pidiera el acompañamiento correspondiente, de manera inmediata se le otorgaría. “Si alguno de ellos dijera que considera necesario estar acompañado pues podría hacerse, se le daría el acompañamiento, nadie lo ha pedido como tal, pero estamos en la disposición”, aseguró.