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Ciudad de México. La organización Amnistía Internacional (AI) lamentó este viernes que la Cámara de Diputados de México aprobara el jueves la reforma para ceder el control de la Guardia Nacional (GN) al Ejército y solicitó a los senadores frenar la iniciativa la próxima semana.
“Lamentamos que @Mx_Diputados haya aprobado la adscripción de la @GN_MEXICO_ a la @SEDENAmx (Secretaría de la Defensa nacional)”, señaló la organización en un breve pronunciamiento en redes sociales.
En su posicionamiento, la organización llamó al Senado mexicano a detener la reforma constitucional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador porque “significaría la culminación del proceso de militarización de la seguridad pública y un grave retroceso en materia de derechos humanos”.
El pronunciamiento del organismo ocurre apenas un día después de que diputados mexicanos avalaran por mayoría modificar el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857.
Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la «garantía orgánica» que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.
Esto pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado más de mil 700 quejas contra la Guardia Nacional en su Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos.
Ante ello, AI expresó su preocupación al observar que, a pocos días del aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre del 2014, y de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, ambos hechos con militares involucrados, se pretenda avanzar esta reforma.
“Ignorando el sufrimiento de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas”, criticó la organización internacional.
Las tareas de las Fuerzas Armadas crecieron con el presidente López Obrador, quien asignó a los militares tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos, y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya.
Organizaciones y activistas por los derechos humanos advirtieron de los riesgos de esta reforma y aseguraron que esto no solucionará la crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace tres sexenios, con un récord de más de 190 mil asesinatos durante el Gobierno de López Obrador.