Karla Galarce Sosa
Chilpancingo, Guerrero, Enero 26.- La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama advirtió que la violencia política contra las mujeres en razón de género persiste como una práctica estructural en diferentes instituciones en el estado.
La Consejera aseguró que la violencia contra las mujeres que participan en política es pausible en partidos políticos, instituciones y administraciones públicas, ante la falta de atención suficiente del Estado, carencias presupuestales y deficiencias en la capacitación de autoridades encargadas de investigar y sancionar este tipo de conductas.
Durante su participación en el diplomado en análisis político, actores, instituciones, procesos y estructuras, convocado por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero (IIEPA-IMA-Uagro), la consejera presidenta impartió la conferencia magistral Violencia política contra las mujeres en razón de género en el auditorio del museo histórico de Acapulco Fuerte de San Diego.
En su exposición, Matildes Gama subrayó que este tipo de violencia no sólo se presenta durante los procesos electorales, sino también una vez que las mujeres asumen cargos públicos, tanto en el ámbito político como administrativo, y en muchos casos proviene de sus propios partidos.
“Son acciones u omisiones, incluso por tolerancia, que tienen por objeto limitar, anular o menoscabar los derechos político electorales de las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, y cuyos efectos se extienden también a sus familias”, señaló.
En materia de datos, presentó cifras del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, donde a nivel nacional se contabilizan 447 personas sancionadas, de las cuales 365 son hombres y 82 mujeres.
En el caso de Guerrero, el registro reporta cuatro hombres sancionados, sin mujeres inscritas hasta el momento. A nivel nacional, Oaxaca encabeza la lista de entidades con mayor número de registros, seguida de Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche.
La consejera presidenta también alertó sobre la insuficiencia de recursos para garantizar medidas de protección a mujeres amenazadas, así como la falta de protocolos claros y coordinación entre autoridades para brindar acompañamiento efectivo.
“Tenemos medidas cautelares, pero muchas veces las corporaciones no cuentan con los procedimientos ni con el personal suficiente para dar una protección permanente”, expuso.
Otro de los pendientes identificados fue la falta de capacitación de jueces en perspectiva de género, lo que, dijo, impacta directamente en la integración y resolución de carpetas de investigación y procedimientos sancionadores.
“Hay criterios dispares y vacíos que debilitan la protección de los derechos de las mujeres”, afirmó.
De cara al proceso electoral de 2027, la consejera presidenta destacó la relevancia del padrón de deudores alimentarios y de personas sancionadas por violencia, derivado del artículo 38 constitucional, que impide el registro de candidaturas a quienes incumplen con obligaciones alimentarias o cuentan con sentencias firmes por violencia familiar, sexual o política.
Indicó que el IEPC Guerrero mantiene convenios de colaboración con autoridades judiciales y registros civiles para la verificación de estos supuestos.
Explicó que la violencia política en razón de género se configura cuando las conductas se dirigen a una mujer por su condición de mujer y la afectan de manera desproporcionada y generan un impacto diferenciado en su vida pública y privada.
Entre estas conductas, enumeró ocultar información, difamar, calumniar, denigrar, amenazar, intimidar, obstaculizar funciones, negar recursos, limitar derechos y proporcionar información falsa o incompleta, prácticas que, dijo, son recurrentes al interior de los partidos políticos.
Destacó el caso de Iliatenco, en la región de La Montaña, el primero en el país en el que se anuló una elección municipal por violencia política contra una mujer en razón de género, lo que sentó un precedente jurídico para la entidad y a nivel nacioal.
La consejera recordó que en ese proceso hubo pintas y mensajes misóginos colocados incluso en las inmediaciones de las casillas, con consignas dirigidas directamente contra la candidata, hechos que resultaron determinantes para invalidar la elección.
Asimismo abordó la violencia política ejercida desde los medios de comunicación y, de manera creciente, desde las redes sociales.
Dijo que, si bien la crítica a la gestión pública no constituye por sí misma violencia política, esta se configura cuando el ataque se dirige a la mujer por su género.
Reconoció que las plataformas digitales han amplificado estas agresiones, en muchos casos a través de perfiles falsos, y que los procedimientos para solicitar el retiro de contenidos son lentos y limitados.
La Consejera presidenta reconoció avances en cuanto a protocolos, nuevos lineamientos y la conformación de una red de mujeres electas en la entidad, así como las acciones de capacitación interinstitucionales en diferentes regiones de Guerrero.
Sin embargo, afirmó que persisten retos que requieren de la participación interinstitucional.