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Ciudad de México, El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que la estrategia del Gobierno federal para localizar a las personas desaparecidas en el país no son suficientes.
Tras el informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que fue presentado este viernes en la conferencia presidencial matutina, el organismo apuntó que si bien se coincide en la necesidad de mejorar registros y transparentar metodologías, “la premisa de que la mayoría de desapariciones son ausencias voluntarias minimiza la responsabilidad del Estado”.
A través de un comunicado, el Centro Prodh destacó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU fue quien activó el artículo 34 al considerar que las desapariciones en México ocurren de manera generalizada.
“Acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas reduce la dimensión de la crisis. Preocupa que para los más de 46 mil registros con ‘datos insuficientes’ no se anuncien acciones de localización, trasladando esa carga a las familias”, afirmó el Centro.
«Las deficiencias del Registro son responsabilidad de las autoridades, no de quienes denuncian».
Además, sostuvo que “el hecho de que solo existan tres mil 869 carpetas de investigación no refleja ausencia de delitos: evidencia las barreras que enfrentan las familias para denunciar, especialmente donde redes criminales alcanzan a las fiscalías”.
Aunque las autoridades destacaron que se debe abrir una carpeta de investigación en cada denuncia de una persona desaparecida, el Centro afirmó que esa obligación siempre ha existido; sin embargo, externaron que se ha implementado “sin medidas adicionales que la garanticen”.
Sobre la afirmación de más del 90 por ciento de localizaciones, la organización en defensa de Derechos Humanos recordó que “muchas no son resultado de acciones del Estado, sino de las familias y sus redes comunitarias”
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez subrayó que durante diversas administraciones las acciones se han centrado en corregir cifras sin presentar una Política Nacional de Prevención y Erradicación integral, como la recomendada por el propio Comité de la ONU.
“Buscan minimizar la magnitud de las desapariciones”
Aunado al señalamiento del Centro Prodh, organizaciones como Fundar, Data Cívica y Serapaz dijeron que, “desde el inicio de la crisis de violencia en 2007, se han registrado diversos esfuerzos institucionales que buscan minimizar la magnitud de la desaparición en México”.
«Reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas».
De acuerdo con las autoridades, a partir de ahora las fiscalías estarán obligadas a abrir carpetas de investigación por desaparición: sin embargo, las organizaciones apuntan que esta medida no es nueva, pues ya existía desde la entrada en vigor de la Ley General en 2017.
«Afirmar que esto es una novedad ignora que el verdadero obstáculo no es la falta de leyes, sino las malas prácticas, la corrupción y la omisión sistemática de las fiscalías que, activamente, evitan recibir denuncias o clasifican las desapariciones como otros delitos para no investigar
Ante ello, agregaron que “condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional”.
Asimismo, dijeron que “en un país donde la cifra negra (es decir, aquellos delitos no denunciados) alcanza el 93 por ciento, utilizar solo las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia es una distorsión de la realidad”.
Las organizaciones en defensa de derechos humanos sostuvieron que “el número de carpetas de investigación no equivale al número de personas desaparecidas”.
Hay más de 130 mil desaparecidos en México desde 2006
El Gobierno federal presentó este viernes la actualización sobre el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas en el país.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, destacó que desde 2006 se han reportado 130 mil 178 personas desaparecidas.
“De este total y derivado del análisis se pueden identificar tres grupos: el primero es de 46 mil 742 personas, es decir, 36 por ciento del total, y son quienes no tienen datos completos, por ejemplo no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos y por ello se imposibilita la búsqueda pero se mantienen en el registro.
“El segundo grupo que son 40 mil 308 registros cuentan con datos suficientes y han registrado actividades después de ser reportados como desaparecidos. Por ejemplo, registros de matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio, mientras que el tercer grupo que son 43 mil 128 casos, el 33 por ciento del total, son registros con datos completos pero que hasta el momento no se han encontrado”, señaló.
De acuerdo con la titular del Secretariado, cuando los datos no son suficientes, es decir, que se carece del nombre de la persona, sin dirección, teléfono ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales, se impide la búsqueda.