El presidente reiteró que los problemas como el incremento en consumo de drogas están relacionados con una pérdida de valores culturales.
Por: Servicios AINI
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que presentará una reforma constitucional para prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, pese a su insistencia en que el consumo en México es poco.
Durante su conferencia matutina, el mandatario dijo que en el país no hay un consumo alto de esa droga, e incluso hay estados donde no existe, como Oaxaca y Chiapas, aunque reconoció que existe tráfico en el país y por eso se debe actuar para prevenir.
“Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo, así directo, y otros asuntos relacionados con la drogadicción”, informó esta mañana.
Cuestionado sobre las consecuencias de prohibir el consumo respondió:
“Esa opinión de que se va a criminalizar el consumo está muy extendida, vamos a ver si eso conviene o no conviene. Cuando el Estado no cumple con su responsabilidad social podría ser que se haga el cuestionamiento de que no hay que criminalizar el combate a las drogas, pero si se está atendiendo las causas, si se están dando oportunidades de estudio, de trabajo, ¿por qué permitir que los jóvenes sean objeto de la drogadicción y la delincuencia?”, sostuvo.
Seguirá campaña contra adicciones
López Obrador aseguró que seguirá la campaña sobre el consumo de drogas y el daño a la salud; y recordó que se está haciendo una encuesta nacional cuyos resultados los dará a conocer en breve.
En junio de 2023, la recién creada Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) confirmaron que una nueva encuesta nacional sobre consumo de drogas–que no se ha actualizado desde 2017– quedaría en manos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt), pese a que este organismo no cuenta con la experiencia para hacer este tipo de ejercicios.
De acuerdo con el mandatario, el consumo de fentanilo en EU ya es un problema letal que está matando a 100 mil jóvenes al año; sin embargo, el presidente está exagerando dicha cifra ya que aunque las muertes ocasionadas por el fentanilo sí han aumentado, los decesos registrados por fentanilo ascienden a 70 mil 601 en 2021, según los datos más recientes del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos.
En junio de 2023, la recién creada Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) confirmaron que una nueva encuesta nacional sobre consumo de drogas–que no se ha actualizado desde 2017– quedaría en manos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt), pese a que este organismo no cuenta con la experiencia para hacer este tipo de ejercicios.
De acuerdo con el mandatario, el consumo de fentanilo en EU ya es un problema letal que está matando a 100 mil jóvenes al año; sin embargo, el presidente está exagerando dicha cifra ya que aunque las muertes ocasionadas por el fentanilo sí han aumentado, los decesos registrados por fentanilo ascienden a 70 mil 601 en 2021, según los datos más recientes del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos.
El presidente reiteró que los problemas como el incremento en consumo de drogas están relacionados con una pérdida de valores culturales.
La política de drogas de AMLO
Durante la administración de López Obrador se ha registrado un aumento en la criminalización sobre el consumo de drogas: más de 74 millones se han invertido en campañas crecientes en estigmatización, mientras los presupuestos de salud no crecen.
El presidente ha criminalizado incluso a jóvenes asesinados. Uno de los casos más recientes es el de los cinco jóvenes de la Universidad Latina de México que fueron asesinados en Celaya, Guanajuato. Sobre este caso aseguró, sin pruebas, que el caso estaba ligado con el consumo de drogas.
Además, en su administración, la Comisión Nacional contra las Adicciones fue desplazada de la estrategia mientras el 97% de la atención residencial al consumo problemático está en manos de particulares, con recurrentes denuncias de violaciones a derechos humanos, y las personas siguen yendo a prisión por portar sustancias sin intención de venderlas.