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Estados Unidos. Un grupo de congresistas demócratas presentó este martes un proyecto de ley que busca controlar el tráfico de armas de fuego y municiones a través de la frontera de Estados Unidos con México.

La iniciativa, titulada ‘Desarmar a los carteles’, instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para que «identifique y desmantele las organizaciones criminales transnacionales responsables por la exportación de armas y municiones de EU a México».

El proyecto comprende una ampliación en la recolección y análisis de información acerca de las armas de fuego recuperadas en los sitios de los crímenes en México para identificar a los contrabandistas que operan dentro de EU.

«Por años las armas estadounidenses han promovido la violencia, la inestabilidad y la migración forzosa en todo el hemisferio occidental», afirmó el congresista Joaquín Castro, uno de los promotores.

«Estados Unidos puede, y debe, hacer más para impedir que las armas que nosotros fabricamos caigan en manos de organizaciones criminales que hacen el contrabando de fentanilo y otras drogas letales hacia Estados Unidos», añadió Castro.

Por su parte, el congresista Dan Goldman sostuvo que «demócratas y republicanos por igual reconocen la amenaza que representan el comercio de fentanilo y el contrabando y tráfico humano».

Sin embargo, criticó que los republicanos «ignoran que la fuente de poder de los carteles está en los cientos de miles de armas fabricadas en Estados Unidos que salen del país y van a la mano de los carteles».

Demanda mexicana
La iniciativa demócrata —que probablemente sea vetada por los legisladores republicanos, casi todos beneficiarios de jugosas donaciones de la Asociación Nacional del Rifle (NRA)— llega casi un año después de la demanda judicial presentada por el gobierno mexicano contra armerías instaladas en la frontera.

En diciembre pasado, el entonces canciller Marcelo Ebrard demandó a cinco empresas de armas de Arizona por vender armas al crimen organizado para usarlas en territorio mexicano.

Al anunciar la demanda, Ebrard señaló que esos establecimientos «son responsables de la venta de armas que han sido utilizadas por los carteles para cometer asesinatos y otros crímenes en territorio mexicano».

México argumenta que las armas son vendidas a personas que prestan sus nombres y los negocios saben cuál será el destino final de estas armas de fuego, algunas de ellas de alto calibre de uso militar.