Por: Álvaro Venegas Sánchez
Con excepción de las personas cien por ciento analfabetas, las demás sino conocimiento preciso sí saben que pueden gozar de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que el Supremo Poder de la Federación para su ejercicio se divide en tres: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Asimismo, que no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, depositarse el Legislativo en un individuo y ninguno de ellos puede otorgarse facultades no establecidas en la propia Constitución.
De los tres Poderes para garantizar convivencia y bienestar de los ciudadanos, en los cinco años del sexenio, ha sido el Judicial quien ha sorprendido oponiéndose a cambios y medidas para combatir la desigualdad económica y a proyectos de infraestructura de alto impacto social. Los argumentos que exponen los integrantes para justificar la negativa a las acciones e iniciativas del Ejecutivo, el ciudadano común no las comprende, sobre todo no las justifica. ¿Pero qué razón podría encontrar alguien que intuye sería beneficiario de los programas sociales del presidente de la República?
Tal vez la construcción de la refinería Dos bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, habrían parecido utópicas y de beneficio escaso o lejano. Sin embargo, el ahorro con la política de austeridad republicana para que nadie tenga un salario superior al del presidente, cancelar la condonación de impuestos, quitar la pensión a expresidentes, crear el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, etcétera, y derramar tales recursos en becas y pensión universal, sí están en la lógica y nivel de comprensión del ciudadano de a pie; entendió que era cuestión de voluntad y visión social. De ahí que, la resistencia y sabotaje con cobertura de jueces y magistrados fue desconcertante. Pero superado el desconcierto, sus reiterados alegatos han causan indignación contra el poder Judicial.
Con Arturo Saldívar al frente de la SCJN hubo cierta contención de excesos y atisbos de esperanza que el Poder Judicial también iniciara un proceso de cambios en concordancia con las políticas del Ejecutivo. El arribo de Norma Piña y su primera presentación pública el 5 de febrero, en Querétaro, con el desplante de permanecer sentada en el saludo al presidente en la ceremonia con motivo del aniversario de la Constitución, anticipó cómo sería ella en su gestión de presidenta de la SCJN. Al hacer uso de la palabra, omitió referirse al usual y sabido colaboracionismo de antaño; al contrario, anticipó velar por el respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Muy bien que fuera con apego a la ley y criterio de justicia. No es así. Desde su llegada al máximo tribunal son frecuentes y abundan casos que demuestran clara vocación e intención de jueces y magistrados por entorpecer y torcer la ley con el fin de defender y exonerar a personas detenidas por delitos que consternaron a la gran mayoría de los mexicanos. Rosario Robles, la esposa de García Luna, Juan Collado, Zerón de Lucio, el fiscal de Morelos (cuya detención, liberación y reinstalación todo un show), los amparos para no entregar los Libros de Texto Gratuitos de educación básica, etc.
Lo anterior no es señal de que estemos ante un poder y una instancia imparcial de procuración de justicia. Más bien fortalece idea y opinión de que la Suprema Corte no es ya de la Nación; Norma Piña la ha puesto al servicio de los que tienen influencias y recursos para lograr impunidad.
Para más, los últimos días la SCJN acompañada de juristas y de la oposición política y mediática anti 4T, está a avocada a defender que el Legislativo no le extinga 13 fideicomisos que acumulan 15 mil millones de pesos. Ha desatado una campaña de desinformación para hacer creer que, si se los quitan, van afectar derechos laborales de los trabajadores de base. En realidad, con tal cortina de humo, trata de no perder prestaciones indebidas que tienen sólo los ministros de las cuales hablaron oportunamente el senador Monreal y el presidente López obrador.
Han llegado al extremo de usar como instrumento de presión al sindicato de trabajadores del Poder Judicial y pretenden desafiar facultades del Poder Legislativo haciendo a un lado la Constitución que la SCJN proclama defender en bien de todos los mexicanos. Veremos hasta dónde los ministros se atreven llegar y hasta dónde la ciudadanía, que los ubica como entes de la derecha, se los permite.
Iguala, Gro., octubre 16 de 2023.