IRZA
Chilpancingo, Gro., El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avalaría la “continuidad de la exclusión y la discriminación contra las mujeres en Guerrero”, si respalda la resolución de su similar estatal para permitir candidaturas de mujeres a alcaldías solo en tres municipios, en lugar de 18 como determinó el Instituto Electoral del estado (IEPC).
En este contexto fue el posicionamiento de integrantes de organizaciones Aliadas por la Justicia A.C., Organización Mujer Suriana y Mujeres Guerrerenses por la Democracia A.C., Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Alelí Dircio Chautla, Patricia Ortiz Arriaga, Olimpia Jaimes López, María Luisa Garfias Marín, Xóchitl Heredia Barrientos, Marina Reyna Aguilar e Irma Córdoba Cabrera,
Plantearon que en Guerrero “las estructuras de poder se resisten a ceder los espacios de toma de decisiones. Originalmente, se identificaron 33 municipios en nuestro estado, donde jamás una mujer ha gobernado una presidencia municipal por la vía de la elección popular. En un acto de elemental justicia restaurativa, correspondía aplicar acciones afirmativas contundentes en estos territorios para subsanar una deuda histórica de discriminación sistémica”.
Señalaron que el Congreso local redujo el número de municipios priorizados a solo 20, y “no bastando con acotar el grupo, los distribuyó en tres bloques para postergar el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos hasta el 2033”, y el Instituto Electoral redujo la cifra a solo 18 municipios.
Y ahora cuestionaron que el Tribunal Electoral estatal solo haya dejado tres municipios de los 18 que ordenó el Instituto Electoral, y que le ordenó que el año próximo realice una consulta “a las poblaciones si quieren que las candidaturas de ayuntamientos sean exclusivas de mujeres, olvidándose de un principio fundamental de que los derechos humanos no se consultan, se defienden”.
Las mujeres lanzaron un “llamado enérgico a las magistraturas de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF: ratificar la resolución del tribunal local significaría avalar la continuidad de la exclusión y la discriminación contra las mujeres. Con su voto, permitirían que se perpetúe un sistema que condena a estos municipios a ser gobernados exclusivamente por hombres, vulnerando de forma directa el principio constitucional de paridad y la efectividad de las acciones afirmativas”.
Indicaron que estas decisiones respaldan “la inercia de siempre: el monopolio masculino del poder político formal y el gobierno local en los ayuntamientos”, y agregaron que tienen “la oportunidad histórica de romper con el pacto de exclusión y consolidar una democracia auténtica e incluyente”.