73 años del voto mexicano femenino: De la ciudadanía reconocida al poder compartido
Por: Alejandra Salgado Romero
“La experiencia vivida es experiencia”
Organización Mundial de la Salud, campaña 2026
El 17 de octubre de 1953 marcó un parteaguas en la historia democrática de México: se publicó la reforma constitucional que reconoció a las mexicanas el derecho a votar y ser electas en el ámbito federal. A 73 años de aquella conquista, el desafío es reflexionar sobre cuánto ha cambiado nuestra democracia para garantizar que las mujeres participemos en condiciones de igualdad, ejerzamos el poder y decidamos sobre los asuntos que afectan nuestras vidas y comunidades.
El sufragio femenino no fue una concesión generosa del Estado. Fue resultado de décadas de organización, pensamiento crítico y lucha de mujeres que cuestionaron un orden social que las excluía de la ciudadanía plena. Sufragistas como Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto, junto con muchas otras mujeres cuyos nombres no siempre aparecen en los relatos oficiales, contribuyeron a abrir un camino que hoy continúa. El reconocimiento constitucional fue un logro histórico; convertirlo en igualdad sustantiva, sigue siendo una responsabilidad colectiva.
México ha experimentado avances significativos. En 2024, Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer electa Presidenta de la República y la Cámara de Diputados alcanzó una integración paritaria, con 250 mujeres de un total de 500 integrantes. Estos hechos expresan una transformación institucional relevante y son resultado de luchas sociales, reformas jurídicas y exigencias sostenidas por generaciones de mujeres. Sin embargo, la representación numérica, aunque indispensable, no resuelve por sí sola las desigualdades que persisten en el ejercicio del poder.
La igualdad política exige algo más que abrir las puertas de las instituciones: implica garantizar que las mujeres podamos cruzarlas, permanecer en ellas y ejercer nuestras responsabilidades sin discriminación, violencia ni subordinación. También requiere revisar quién define las agendas, distribuye los recursos, ocupa los puestos de mayor responsabilidad y participa en las decisiones estratégicas. Una democracia paritaria no se construye únicamente contando mujeres presentes en una reunión o un presidium; se construye modificando las condiciones que históricamente han limitado nuestra autonomía.
Esta discusión debe relacionarse con una realidad económica y social que continúa condicionando la participación femenina. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representó el 23.9% del producto interno bruto nacional en 2024, equivalente a ocho billones de pesos. Las mujeres aportamos el 72.6% de ese valor. La cifra permite dimensionar una contribución esencial para el bienestar colectivo, pero también evidencia una distribución desigual de las responsabilidades que sostienen la vida.
Las mujeres dedicamos una parte desproporcionada de tiempo a cuidar, alimentar, acompañar y resolver las necesidades de nuestras familias, disponemos de menos oportunidades para estudiar, descansar, desarrollar una trayectoria profesional o participar en reuniones y organizaciones. Por ello, la desigualdad política no puede explicarse exclusivamente por la voluntad individual. También está relacionada con las condiciones materiales que hacen posible, -o dificultan-, ejercer derechos. La democracia en México necesita revisar tanto sus reglas, como las relaciones de poder que determinan quién puede participar y en qué condiciones.
En Guerrero, esta reflexión adquiere una dimensión particular por la diversidad de sus regiones, pueblos y comunidades, así como por las desigualdades económicas, sociales y culturales que enfrentan muchas mujeres. El género interactúa con la lengua, el origen étnico, la edad, la condición económica y el acceso a servicios, generando obstáculos diferenciados que deben reconocerse sin generalizaciones.
Los datos electorales confirman que las mujeres guerrerenses participamos activamente. Según la Plataforma de Conteos Censales de Participación Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE), durante el proceso electoral 2023-2024 votamos el 61.3% de las mujeres inscritas en la lista nominal de Guerrero, frente al 51.6% de los hombres. Aunque la participación total estatal fue de 56.7%, la diferencia por sexo evidencia el compromiso de las mujeres con el ejercicio del sufragio. Sin embargo, una mayor participación en las urnas no elimina automáticamente los obstáculos para acceder a cargos, influir en las decisiones o ejercer el poder sin violencia.
Se deben fortalecer las políticas públicas de cuidados y la corresponsabilidad entre mujeres, hombres, familias, sociedad e instituciones. También se demanda garantizar procesos transparentes de selección de candidaturas y dirigencias, así como condiciones efectivas para que las mujeres participemos en los espacios donde se definen prioridades y presupuestos. Resulta impostergable trabajar en prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, con mecanismos accesibles, oportunos y eficaces, así como impulsar formación política, educación cívica y acompañamiento para mujeres jóvenes, indígenas y afromexicanas, respetando sus contextos culturales y sus derechos colectivos. Finalmente, se necesita evaluar los avances con indicadores públicos que permitan conocer no solo cuántas mujeres participamos, sino cuáles son las posibilidades reales de incidir en las decisiones.
Desde la educación y la formación en valores, también tenemos una responsabilidad ineludible: cuestionar los estereotipos que enseñan a las niñas a obedecer y a los niños a mandar; promover relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la corresponsabilidad; y reconocer que el liderazgo no tiene género. La democracia comienza en las instituciones, pero también se aprende en los hogares, las escuelas y las comunidades.
A 73 años del reconocimiento del sufragio femenino, no basta con celebrar el pasado. Debemos preguntarnos qué barreras persisten en el presente y qué estamos dispuestas y dispuestos a transformar. Las mujeres no necesitamos que se nos conceda un lugar como recompensa por nuestro trabajo, ni que nuestra participación dependa de la voluntad de otras personas. Tenemos derecho a decidir porque somos ciudadanas, nuestras experiencias y conocimientos enriquecen la vida pública y porque la igualdad es un principio fundamental de los derechos humanos.
El voto fue una conquista histórica; el poder compartido es una tarea democrática pendiente. En México y, particularmente, en Guerrero, la igualdad sustantiva será una realidad cuando las mujeres no solo seamos convocadas para organizar, cuidar, acompañar y participar, sino cuando podamos decidir, ejercer autoridad y transformar las condiciones de vida de las comunidades en plena libertad. Esa es la democracia que debemos construir y el valor que tenemos la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones.
Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alejandra.salgado.esdafzk@gmail.com.