Para la “izquierda” mexicana las redes sociales han cambiado radicalmente su funcionalidad
Por: Miguel Ángel Romero
Cuando eran oposición y estaban buscando acceder al poder, la “izquierda” mexicana encontró en las redes sociales un remanso. Durante el último sexenio del PRI, con Enrique Peña Nieto, le permitió una crítica constante y, sobre todo, una plataforma alternativa de lo que significaba en ese momento el control de la opinión pública. Ahora, en su segundo mandato en la Presidencia, ese supuesto movimiento progresista encuentra en el nuevo ecosistema digital una amenaza.
Uno de los aciertos estratégicos de Andrés Manuel López Obrador y su equipo fue instalar una narrativa de esperanza que se tradujo en contenido y propaganda bien diseñada que usó a las redes sociales como un territorio clave en la disputa electoral. La mayoría inédita que se construyó no sólo fue por un voto de castigo al otrora corrupto PRI que una estirpe de “golden boys” edificó, sino que convenció a una parte ilustrada del electorado.
En ese momento, ese segmento tenía en las redes sociales una herramienta organizativa. Si bien es cierto que, al tiempo que esta supuesta “izquierda” involucionó -una vez asumido el poder- hasta convertirse en una masa heterogénea poco democrática que ha premiado a los personajes más vulgares y oportunistas, también las propias plataformas como Meta con Facebook e Instagram, o Twitter, ahora X, o incluso TikTok, han sufrido cambios ideológicos que a su vez han reconfigurado su uso, peso e impacto.
Es decir, en México, en ese lapso temporal, es posible ver esos dos cambios de manera paralela. Ambos, el populismo autoritario de la ‘cuarta transformación’ y la reconfiguración ideológica de los corporativos tecnológicos, son producto del mismo fenómeno: el desencanto democrático, el cual, si bien no es exclusivo de nuestro país, guarda características propias relevantes.
La disrupción digital que permitió romper el cerco informativo de los poderes fácticos que representaban un puñado de medios de comunicación allanó el camino a un movimiento populista que entendió bien que el rencor es la nueva gasolina electoral más redituable.
En 2018, Abre más los ojos fue el nombre de una campaña que invitó a los simpatizantes de López Obrador a ocupar las redes, organizarse y disputar la conversación pública. Su éxito dependió de una condición elemental: que el ciudadano pudiera publicar y hacer circular sus ideas frente al poder.
Ahora que ese “movimiento” gobierna impulsa una reforma que aumenta la responsabilidad de los intermediarios digitales y extiende a los proveedores de acceso a internet una política de terminación del servicio por reincidencia en infracciones a derechos de autor.
El punto decisivo está en la relación entre la autoridad y el ciudadano. La ley vigente permite retirar contenido a partir del aviso de quien reclama derechos sobre una obra; la defensa del autor de la publicación viene después. La iniciativa añade consecuencias para determinados intermediarios que incumplan sus obligaciones y participen en la infracción o se beneficien de ella.
Al mismo tiempo, deja sin precisar quién acredita la reincidencia, mediante qué procedimiento y con qué garantías puede impugnarse una decisión que afecte el acceso a internet. Cuanto más grave es la consecuencia posible, mayor debe ser la claridad de las reglas que la preceden.
La libertad de expresión queda expuesta cuando una reclamación de propiedad intelectual puede apartar una publicación del debate público antes de que se examine su legitimidad. Con la reforma, las plataformas tendrán además nuevos incentivos para evitar el costo de sostener contenidos controvertidos.
Este nuevo panorama volverá difícil exigir cuentas por cada retiro, así como la distinción de una protección legítima de derechos de autor a la de una restricción abusiva del discurso político.
Ésa es la contradicción del régimen que se proclama progresista. Aprovechó la circulación abierta de ideas para alcanzar el poder y ahora propone reforzar un sistema que puede limitarla sin establecer garantías suficientes para el ciudadano.
Si bien una mayoría puede aprobar leyes, su legitimidad democrática también se juzga por los límites que acepta cuando esas leyes afectan a quienes la contradicen. La pregunta que Morena debe responder es sencilla: ¿qué protección efectiva tendrá la voz crítica? El reclamo de derecho de autor, como en otras ocasiones con la ‘cuarta transformación’, es sólo un pretexto para cancelar libertades.