Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., Septiembre 12.- El Grupo Parlamentario del PRI exigió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, un informe detallado sobre los 49 cheques emitidos presuntamente con firmas falsificadas por 8 exfuncionarios de la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos del Poder Legislativo, entre enero y junio de este año, y que estarían relacionados con al menos 21 diputados.
Alejandro Bravo Abarca, coordinador de la bancada priista, confirmó que la petición ya fue formulada a todos los integrantes de la Junta, presidida por el morenista Joaquín Badillo Escamilla, y que se efectuaría el lunes 14 de septiembre.
Entrevistado este viernes al concluir el quinto informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, dijo que, hasta este día, desconoce si algún integrante de su fracción fue involucrado en esa situación.
Desde la semana pasada, cabe precisar, la Fiscalía General del Estado investiga la presunta falsificación de firmas en agravio de 21 diputados y el cobro indebido de 49 cheques expedidos entre enero y junio de este año.
La investigación deriva sólo de una denuncia penal que presentó la diputada de Morena Guadalupe García Villalva en contra de 8 exfuncionarios de la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso.
Ellos son: Esli Joanan Navarrete Cisneros, Héctor Avilés Cruz, Brian Luna Aguirre, José Ángel Rómulo, Erick Chávez Medina, Alex Cepeco Justo, Jorge Antonio Solís Ocaña y Samir Robles Estrada.
Al respecto, el también presidente del Comité Directivo Estatal del PRI indicó: “estamos a la espera de que se nos proporcione información real para no irnos por lo que se dice por ahí”.
De comprobarse la presunta falsificación de firmas y emisión indebida de cheques, alertó Bravo, se trataría de un hecho grave para el Poder Legislativo, el cual, en esencia, está obligado a “poner el ejemplo” al ser responsable de revisar y aprobar cuentas públicas.
Sobre un eventual desafuero de diputados involucrados en esos hechos, de comprobarse, Alejandro Brabvo, opinó que primero deben revisarse los elementos y determinar la gravedad de los hechos.
“Tenemos que llegar al fondo”, añadió, porque ese caso no solo afectaría a los legisladores involucrados, sino a la 64 Legislatura por completo.