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Estados Unidos.
Legisladores estadounidenses estallaron en aplausos este viernes tras aprobar un proyecto de ley bipartidista que establece la regulación de armas de fuego más importante en casi 30 años en un país convulsionado por tiroteos masivos.
La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa, que ya había sido aprobada por el Senado, e impone nuevos controles de armas y otorga miles de millones de dólares en fondos para salud mental y seguridad escolar, en una votación de 234 contra 193.
Este jueves el Senado de Estados Unidos avanzó en el proyecto de ley al aprobar nuevas restricciones y destinar miles de millones de dólares en fondos para la salud mental y la seguridad escolar. «Esta ley bipartidista ayudará a proteger a los estadounidenses», dijo Biden en un comunicado poco después de la votación del Senado. «Niños en las escuelas y comunidades estarán más seguras gracias a ella».
La ley incluye la mejora de la comprobación de los antecedentes de los compradores menores de 21 años, 11 mil millones de dólares de financiación para la salud mental y 2 mil millones de dólares para programas de seguridad escolar.
LEGISLADORES ENVÍAN LEY AL PRESIDENTE BIDEN
La Cámara de Representantes de Estados Unidos envió al presidente Joe Biden la ley sobre violencia armada más amplia que haya aprobado el Congreso en varias décadas, una medida moderada de compromiso que revela un avance en un problema sin solución durante mucho tiempo, y la profunda y persistente división entre los partidos.
La cámara de mayoría demócrata aprobó la ley por 234 votos contra 193, impulsada por la reacción de los votantes a las masacres del mes pasado en Nueva York y Texas. En la víspera, el Senado aprobó el proyecto por 65 votos contra 33, cuando 15 republicanos se sumaron a todo el bloque demócrata para apoyar un paquete elaborado por senadores de los dos partidos.
La ley requeriría averiguaciones de antecedentes más estrictas para los compradores de armas más jóvenes, prohibiría la tenencia por parte de culpables de violencia doméstica y ayudaría a los estados a aprobar leyes de alarma para desarmar a personas consideradas peligrosas. Además, financiaría programas locales para la seguridad escolar, la salud mental y la prevención de la violencia.