Boletín


Chilpancingo, Gro., Agosto 20.- La Comisión Permanente del Congreso del Estado exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que, en un plazo de 60 días, remita al Poder Legislativo un informe técnico, fundado y documentado sobre el estado que guardan las obras de protección hidráulica que se ejecutan en el río de La Sabana, del municipio de Acapulco.

La diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena) expuso que dicho río constituye el principal cauce de aguas pluviales de Acapulco, y forma parte de un sistema hidráulico estratégico para la protección de miles de familias asentadas en su cuenca y zona de influencia.


Señaló que los fenómenos hidrometeorológicos de los últimos años han demostrado que la reducción de la capacidad hidráulica de este flujo de agua, a consecuencia del azolve, acumulación de materiales de arrastre, erosión de bordos y deterioro de la infraestructura de protección, incrementan el riesgo de inundaciones, afectaciones patrimoniales y pérdidas humanas, por lo que suconservación, rehabilitación y fortalecimiento constituye una acción prioritaria.


Abundó que, tras los recientes huracanes, el Gobierno de México anunció la ejecución de un programa integral de obras hidráulicas, con la finalidad de disminuir el riesgo de inundaciones, mejorar el funcionamiento del cauce y proteger a la población asentada en las zonas de mayor vulnerabilidad.
Por todo lo anterior, la diputada considera pertinente que el Congreso solicite información técnica actualizada que permita conocer el estado real de ejecución de las obras, grado de avance físico y financiero alcanzado, las acciones pendientes y el calendario previsto para su conclusión, todo lo cualbrindará certeza a la población, acorde con los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad que rigen el ejercicio de la función pública.
Esto, agregó, constituye un mecanismo de colaboración institucional entre órdenes de gobierno que busca fortalecer la transparencia, la prevención del riesgo, la protección civil y la seguridad de la población, sin invadir las atribuciones constitucionales y legales conferidas a la Conagua, ni prejuzgar sobre el cumplimiento de sus responsabilidades.