Chilpancingo, Gro., septiembre 28 del 2022.– La aprobación de la Política Estatal para combatir la Corrupción en Guerrero, es un hecho histórico, aseguró la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guerrero, Itzel Figueroa Salazar.
El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, por unanimidad aprobó la Política Estatal Anticorrupción, la cual tendrá como principal objetivo el combate a la corrupción en todo el estado de Guerrero.
Luego de dos años de haber iniciado actividades la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por fin este pasado lunes en sesión extraordinaria, el Comité Coordinador por unanimidad aprobó la Política Estatal Anticorrupción.
Cabe mencionar que el PEA se construyó a través de foros públicos, consultas ciudadanas y con dependencias gubernamentales que integran el Comité Coordinador como el CPC Guerrero, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Guerrero, el Tribunal de Justicia Administrativa, el ITAIGro, la ASE, la FGE, el Consejo de la Judicatura y el Consejo Consultivo.
La secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Itzel Figueroa Salazar, señaló que la Política Estatal Anticorrupción (PEA), tiene como principal objetivo establecer mecanismos que engloban estrategias enlazadas entre sí, cuya finalidad se encuentre enmarcada y direccionada a combatir la corrupción que de la mano con la impunidad han debilitado a Guerrero.
Destacó que la corrupción es un tema muy complejo en el país y en el estado de Guerrero, su avance ha impedido la estabilidad de la entidad, provocando importantes condiciones que se reflejan en el sentir de la ciudadanía y la desconfianza de ésta hacia las instituciones públicas, incluyendo las privadas.
“se ha diseñado un documento que establece rutas estratégicas que deberán fortalecerse a través de la coordinación entre distintas autoridades de los diferentes órdenes de gobierno”, sostuvo.
Indicó que es instrumento que da la pauta para implementar acciones coordinadas que permitan combatir la corrupción y la impunidad; disminuir el abuso de autoridad y la arbitrariedad; promover mejoras en la gestión gubernamental y sobre el contacto gobierno-sociedad; así como lograr la inclusión social y del sector privado, garantizando con esto, un estado en el que se consolide el derecho a vivir libre de corrupción.
Finalmente, detalló que esta nueva política de combate a la corrupción se basa en cuatro ejes que consisten en el Combate a la Corrupción y a la Impunidad; Combate al Abuso de Autoridad y la Arbitrariedad; Mejora de la Gestión Gubernamental y del Contacto Gobierno Sociedad e Inclusión Social y del Sector Privado.