Política de etiqueta en Guerrero
Por: Jesús Lépez
La política en Guerrero es una política de etiqueta, no por elegante, sino porque tiende a etiquetar a los actores políticos.
El caso más visible es el del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, recientemente detenido por la Fiscalía General de la República, acusado de haber ordenado desaparecer los videos del Palacio de Justicia de Iguala, que serían una prueba importante sobre la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa.
Algunos de quienes fueron sus colaboradores en sus dos períodos de gobierno, el primero como interino tras la caída de Rubén Figueroa Alcocer, y el segundo como gobernador constitucional por la alianza del PRD y Movimiento Ciudadano, guardan silencio, mientras otros han hecho pronunciamientos en favor de la presunción de inocencia del exmandatario.
Y es que la cercanía con Aguirre les abrió en esos momentos las puertas al presupuesto de Guerrero y a los cargos públicos, tanto en el gobierno como de representación popular, pero ahora les pesa como una losa sobre sus espaldas ante los acontecimientos. Bien dicen que los amigos son en las duras y en las maduras, y en este caso se está conociendo quiénes solo eran amigos del puesto y el salario.
Claro, también están aquellos que pretenden cuidar su futuro político y que no se les vincule con un actor que se encuentra detenido, para no afectar su reputación.
Esto porque en pleno proceso para definir a la coordinadora o coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía del partido Morena en Guerrero, personajes que trabajaron en su gobierno o que en su momento fueron parte del grupo político aguirrista, han arropado, o se han sumado, a algunos de los aspirantes, principalmente a Beatriz Mojica Morga y Esthela Damián Peralta.
En las redes sociales se han advertido esfuerzos de los equipos de varios aspirantes por endilgarles, a una o a otra, la recepción de personajes del aguirrismo como algo negativo de sus campañas políticas.
Y la realidad es que sí tienen aguirristas en sus filas, como también los tiene el PRI. Ahí está el caso de Alberto Catalán Bastida, quien fue diputado gracias al aguirrismo, y quien es el actual secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del partido Tricolor.
El mismo exgobernador insistió la semana pasada, en una entrevista con medios de comunicación, en deslindar de su liderazgo político a sus excolaboradores, con quienes dijo que lo une una amistad, pero que cada quien tiene sus propios proyectos políticos.
Es un deslinde que ya ha hecho en anteriores ocasiones y que no se le ha tomado en serio, simple y sencillamente, porque en Guerrero se etiqueta a las personas, y una vez aguirrista se quedan aguirristas para siempre en el discurso de los detractores políticos. De igual manera, a quienes en alguna ocasión pertenecieron al grupo del exgobernador Figueroa se les considera figueroístas para siempre, o a los seguidores del senador Manuel Añorve se les considera añorvistas, o a los de Félix Salgado, felixcistas, y cuando van a otro proyecto se llevan esa etiqueta pegada, porque en Guerrero la política es de etiqueta.
Se trata de una falacia de composición, es decir, presentar algo en particular como parte de un todo, cuando, en este caso, el proceso jurídico es contra una persona, y la responsabilidad que pudiera resultar también, y no en contra de todas las personas que lo conocieron o tuvieron algún trato con él, ya sea por una circunstancia política, laboral o de cualquier otra índole.
Pero así es la política en Guerrero. Una política que de etiqueta —como sinónimo de corrección, estilo y buen gusto— no tiene nada. Es de etiqueta porque se busca etiquetarte para desprestigiarte.