Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., Tras la detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivero por el caso Ayotzinapa del 2014 en Iguala, la senadora con licencia por Guerrero, Beatriz Mojica Morga, confió en que las instituciones actúen con responsabilidad, transparencia y pleno respeto al debido proceso.
A través de un comunicado, respaldó las actuaciones de la Fiscalía General de la República y de su titular, Ernestina Godoy Ramos, con relación a la investigación que siguen por ese caso que dejó un saldo de 3 normalistas asesinados y 43 desaparecidos.
La mañana de este jueves, la FGR confirmó la detención de Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero del 1 abril del 2011 al 24 de octubre del 2014, debido a su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con el ataque, homicidio y desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa.
En un mensaje en vivo transmitido a través de redes sociales, la fiscal general de la República informó que el análisis de la investigación permitió obtener nuevos elementos de prueba que acreditan la posible participación del exgobernador en la desaparición de evidencias relacionadas con el caso, motivo por el que fue obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra.
Beatriz Mojica, quien colaboró en el gobierno de Aguirre como secretaria de Desarrollo Social, sostuvo que su convicción ha sido siempre que la investigación avance hasta sus últimas consecuencias y que se conozca toda la verdad.
Con el propósito, añadió, de que exista justicia a entera satisfacción de las madres y los padres de los 43 normalistas, de sus familias y de la sociedad de Guerrero y de México.
Afirmó que «Ayotzinapa sigue siendo una deuda del Estado mexicano y una herida que no debe permanecer abierta». Agregó que, como guerrerense, mantiene «absoluta claridad en que se hará justicia estrictamente conforme a derecho».
Confió en que las autoridades conduzcan el procedimiento del exgobernador imputado con estricto apego a la legalidad y pleno respeto a los derechos de todas las personas involucradas, porque el momento actual “exige prudencia, responsabilidad y respeto a las instituciones”.