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Ciudad de México, El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la integración de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que será presidida por el consejero Arturo Chávez, e integrada por los consejeros Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas.
La Comisión se encargará de advertir a los partidos, con base en información que le proporcione el gabinete de seguridad federal, si alguno de sus candidatos federales para el 2027 tiene vínculos con la delincuencia o el narcotráfico.
Por nueve votos a favor y dos en contra, se aprobó la integración de la comisión y se estableció que la secretaría técnica será la que determine los lineamientos para el funcionamiento de la propia comisión. La mayoría de consejeros rechazó que los partidos se integraran a la comisión.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien estuvo en contra de que la reforma conocida como el “Plan B” otorgara al INE la facultad de verificar candidaturas, dijo que ese instituto no puede asumir la responsabilidad del nivel de riesgo de las candidaturas a postular en 2027, ya que no es una instancia de seguridad, por lo que será responsabilidad exclusiva de los partidos políticos.
“El Instituto Nacional Electoral no determinará el nivel de riesgo, pero sí se coordinará con las instancias adecuadas para eso. (…) El Instituto Nacional Electoral no puede correr ningún riesgo en términos de juzgar o no juzgar porque no es nuestra materia el tema de seguridad de definición de nivel de riesgo», dijo.
«La responsabilidad primigenia y final está en los partidos políticos para lo que van a poner a consideración del pueblo mexicano para el siguiente proceso electoral; son sus riesgos, son sus decisiones, son sus voluntades, como lo es, de igual manera, la definición de sus estatutos y sus reglas de actuación internas”, aseveró.
En el mismo sentido, la consejera Carla Humphrey también dejó en claro que “la responsabilidad inicial es de los partidos políticos de ver a quiénes postulan”.
A su vez, el consejero Martín Faz mencionó que haber obligado al INE a hacer una verificación de candidaturas sin tener facultades en materia de seguridad puede colocar al instituto en una posición delicada.
Dejó en claro que la comisión únicamente será transmisora a los partidos de la información que le proporcionen las autoridades de seguridad y procuración de justicia federales.
En ese punto, advirtió que al tener la información de primera mano, es el propio gobierno federal a través de sus instancias de seguridad, el que conocerá antes que nadie si alguno de los candidatos representa algún riesgo.
“El modelo genera tensiones relevantes al incorporar a la autoridad electoral dentro de esquemas de evaluación preventiva basados en información de inteligencia y seguridad, bajo estándares aún ambiguos y con estándares difíciles de conciliar con los principios de certeza, legalidad, presunción de inocencia y protección de derechos políticos electorales”, advirtió.
“Esta incorporación del instituto a un esquema de inteligencia financiera criminal y de seguridad genera también otra preocupación: puede prestarse a que se genere una narrativa en la que la responsabilidad de que no se infiltre el crimen organizado en la política se trasladen al INE a través de tal comisión; este riesgo es serio y me preocupa”, añadió.
El llamado «Plan B» de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que fue aprobada por la mayoría de Morena en las cámaras del Congreso de la Unión, ordenó al INE crear e integrar con cinco consejerías la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
Dicha instancia, como un órgano técnico permanente del INE, será encargada de desplegar un mecanismo preventivo de análisis de riesgo. Respecto de las candidaturas postuladas por los partidos políticos y las personas candidatas independientes, en coordinación con las instancias federales en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera.
Los partidos políticos entregarán voluntariamente a la Comisión la lista de los aspirantes a candidatos y la Comisión consultará a la UIF, la CNBV, el CNI y la FGR, instancias que analizarán y determinarán que “no exista riesgo” o que “exista riesgo razonable”.
La reforma, sin embargo, planteó que el proceso para someter los perfiles de las personas aspirantes a la evaluación de riesgo será voluntario por parte de los partidos políticos y de las personas que aspiren a una candidatura independiente. Es decir, esta evaluación no será un requisito para el registro de candidaturas sino que únicamente tendrá carácter informativo.