Por: Jesús Lépez Ochoa
Lo que más preocupa a los miembros de la Junta de Coordinación Política del Congreso es que al haberle dado la Corte la razón a Abelina López Rodríguez, se venga una avalancha de impugnaciones de los demás municipios del estado a las revisiones de recursos federales que haya realizado la Auditoría Superior del Estado.
Se lo dejaron en claro a su titular, Marco César Paris Peralta, durante la reunión que con él tuvieron la mañana del miércoles los diputados representantes de las diferentes fuerzas políticas que convergen en el Poder Legislativo.
De ninguna manera quieren que su mal proceder con respecto a la fiscalización del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en Acapulco, se repita y se haga ver a ese órgano del Congreso como instrumento de persecución política.
Y es que Paris Peralta paga el precio de haberse enredado en un conflicto mediático con la hoy alcaldesa con licencia de Acapulco.
Fuentes del Congreso consultadas sobre la reunión de carácter privado, aseguran que sí contaba con un convenio con la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar esos recursos, pero que el mismo documento establece la prohibición de hacer públicas esas auditorías, pues debía entregar los resultados a la ASF, y de manera contraria, se dio a conocer el pliego de observaciones y hasta conferencia de prensa hizo.
No podía sostener ante la Corte un convenio que no había respetado. Ahora le ayudan a redactar uno nuevo, pero le subrayaron que de nada va a servir si no cuida su cabal cumplimiento, para lo cual debe dejar a un lado los protagonismos con los que ha dado la idea de auditar por consigna política.
También le advirtieron que esperan que no haya más Ayuntamientos que sigan el mismo camino y se vengan resoluciones contrarias en cascada que puedan reforzar esa idea.
Por lo que Paris Peralta pende de un hilo. Pese a la cara amable que plantaron sus jefes, los diputados de la Jucopo, en rueda de prensa, la reunión sobre la que informaron no fue tan esperanzadora para él.