Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., Julio 9.- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado llamó a reunión de último momento al auditor superior del Estado, Marcos César Paris Peralta Hidalgo, luego de la resolución que aprobó el lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual declaró que la Auditoría Superior del Estado (ASE) carece de facultades constitucionales para fiscalizar recursos federales ejercidos por los municipios.
El encuentro se efectuó este miércoles a puerta cerrada en la sala de reuniones de la Jucupo, de la sede legislativa, y asistieron los diputados Joaquín Badillo Escamilla, Erika Lührs Cortés y María Irene Montiel Servín, presidente y vocales del citado órgano de gobierno.
También participó el diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva del Congreso. Mientras que el auditor superior, Marcos César Paris Peralta, fue acompañado por la auditora especial del sector Ayuntamientos, Carmen Lorena Salgado Guerrero, y el secretario técnico de la ASE, Carlos Alberto Villalpando Millían.
No se permitió el acceso a la prensa, pero al concluir, los diputados Joaquín Badillo Escamilla, Alejandro Carabias Icaza y Erika Lührs Cortés, en conferencia de prensa, confirmaron que el auditor superior fue citado tras la resolución de la SCJN.
Joaquín Badillo informó que la reunión permitió revisar los alcances de la sentencia, así como definir una ruta de coordinación entre el Poder Legislativo y el órgano técnico de fiscalización, aunque aclaró que el Congreso aún no ha sido notificado oficialmente por la Suprema Corte.
“Tenemos que esperar la resolución de la Corte, pero que llegue ya directamente la notificación oficial al Congreso del Estado y también a la Auditoría”, indicó e insistió en que el fallo de la SCJN será “inapelable” y garantizó que la acatarán en todos sus términos una vez que sea notificado formalmente. “La resolución habla de las facultades, las atribuciones y las competencias”, precisó.
La resolución, cabe recordar, invalidó la auditoría iniciada por la ASE al Ayuntamiento de Acapulco respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), por más de 898 millones de pesos ejercidos durante 2023, al concluir que la fiscalización de esos recursos corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación.
No obstante, Badillo precisó que el Congreso no emitirá posicionamientos adicionales hasta conocer el contenido íntegro de la sentencia y descartó anticipar criterios sobre una eventual comparecencia o posibles responsabilidades del auditor superior.
Sobre la versión de que el Ayuntamiento de Acapulco promovería acciones legales contra Marcos César Paris Peralta Hidalgo, respondió que hasta el momento el Congreso no ha recibido ninguna notificación oficial y pidió evitar especulaciones. “Esa sería otra cuestión; nosotros no podemos adelantarnos a juicio”, atajó.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Carabias Icaza, coincidió en que el Congreso debe esperar la notificación oficial para conocer las consideraciones jurídicas que sustentaron el fallo de la Suprema Corte.
Añadió que, de acuerdo con los resolutivos conocidos hasta ahora, la sentencia no atribuye responsabilidad alguna al Congreso del Estado ni a la Auditoría Superior del Estado.
Y sobre la eventual denuncia del Ayuntamiento de Acapulco contra el auditor superior, consideró que hasta ahora sólo existen “trascendidos” y sostuvo que cualquier acción corresponderá exclusivamente a la autoridad municipal.
Mientras que la diputada Erika Lührs Cortés, vocal de la Jucopo, informó que, en esa reunión, pidieron al auditor superior que actúe con “prudencia” y “respeto” a la determinación de la SCJN, y confió, además, en que la actuación de la ASE obedeció a las atribuciones que venía ejerciendo desde años anteriores y no a una conducta dolosa o de mala fe.
Sin embargo, calificó la resolución como un precedente inédito para el país al tratarse de la primera controversia constitucional promovida por un ente fiscalizable contra su órgano de fiscalización.
Agregó que el Congreso mantiene su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, aunque reconoció que el fallo obliga a redefinir el esquema de fiscalización de recursos federales en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación.
Durante la reunión, los legisladores también revisaron el nuevo convenio suscrito entre la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y otras entidades federativas, el pasado lunes 29 de junio, con el propósito de analizar los alcances que tendrán, ahora sí, futuras auditorías sobre recursos federales ejercidos por los ayuntamientos.