Vicky Barrios
Iguala, Gro., La estrategia de seguridad en Iguala se mantiene de manera permanente y se desarrolla de forma coordinada entre los tres órdenes de gobierno. Ante las ceremonias de clausura del ciclo escolar, se han realizado ajustes operativos debido a la concentración de personas en distintos puntos de la ciudad, informó el síndico procurador, Rafael Domínguez Velasco.


Explicó que, además de las corporaciones de seguridad, participa la Dirección de Tránsito Municipal para agilizar la circulación vehicular en los lugares donde se llevan a cabo las ceremonias de clausura, apoyo que previamente es solicitado por las instituciones educativas.

Cuestionado sobre si tenía conocimiento de la presunta detención o citación de policías municipales en activo para rendir declaración, Domínguez Velasco respondió que el caso de los 43 estudiantes de Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúa abierto y que las investigaciones corresponden exclusivamente a la Federación y a la fiscalía especializada.


«Es la Federación y la fiscalía especializada las que determinan las detenciones», señaló.


Respecto a la incertidumbre y el temor que han generado entre la población las recientes detenciones de personas en Iguala, debido a que inicialmente se desconoce si participan corporaciones policiales o autoridades de otra índole, indicó que el municipio no tiene injerencia en esos operativos por tratarse de acciones de competencia federal.


«Por obvias razones no nos notifican ni al estado, mucho menos al municipio», comentó.


El síndico agregó que tanto los igualtecos como los mexicanos desean conocer la verdad sobre este caso y consideró que la Fiscalía debe ofrecer resultados.

«Quizá no necesariamente se comparta toda la información, pero conocer la verdad ayudaría mucho a Iguala», expresó.


Asimismo, recordó que hace aproximadamente un año, como parte de los avances en la investigación, la Federación devolvió al municipio más de 20 patrullas, entre camionetas y motocicletas. Sin embargo, afirmó que todas las unidades se encontraban inservibles tras permanecer alrededor de diez años bajo resguardo y expuestas a la intemperie.


«Los vehículos ya no pudieron ser reparados; ni siquiera sirven como refacciones», afirmó.


Finalmente, señaló que aún está pendiente la devolución del armamento de la Policía Preventiva Municipal y reconoció que la investigación continúa atravesando diversas etapas.


«Llevamos 11 años sin conocer la verdad, una verdad que todos necesitamos», concluyó Rafael Domínguez Velasco.