IRZA
Coyuca de Benítez, Gro., A 31 años de la masacre de Aguas Blancas, integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), sobrevivientes y familiares de las víctimas volvieron a exigir justicia y la reapertura de las investigaciones para que sean procesados los autores intelectuales de uno de los episodios más graves de violencia de Estado registrados en Guerrero.
La conmemoración inició con una marcha y concluyó con un mitin en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, sitio donde el 28 de junio de 1995 fueron asesinados 17 campesinos por elementos de la entonces Policía del Estado durante el gobierno del priista Rubén Figueroa Alcocer.
Durante el acto, la dirigente de la OCSS, Norma Mesino Mesino, sostuvo que la matanza constituye un crimen de lesa humanidad que permanece en la impunidad, por lo que demandó que las autoridades reabran el caso y lleven ante la justicia a quienes ordenaron la agresión.
Recordó que aquel 28 de junio de 1995 los campesinos se dirigían al municipio de Atoyac de Álvarez para exigir la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido previamente, además de plantear demandas de apoyo para el campo.
Explicó que el grupo viajaba en una camioneta cuando, al atravesar el vado de Aguas Blancas, fue emboscado por policías estatales que se encontraban ocultos en distintos puntos del lugar y abrieron fuego contra los ocupantes.
Mesino Mesino recordó que el 23 de abril de 1996 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la resolución 396, en la que estableció la existencia de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el ex secretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán, y el ex procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar.
Asimismo, señaló que en 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano ejercer acciones penales para fincar responsabilidades individuales contra altos funcionarios involucrados en los hechos.
«Los gobiernos del PRI, PAN, PRD y ahora Morena no han tenido voluntad jurídica ni política para enjuiciar a los responsables de la masacre de Aguas Blancas», dijo Mesino Mesino.
Durante el mitin también se exigió la liberación de Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la OCSS, quien permanece recluido desde hace 23 años en el penal de Atlacholoaya, en Morelos. Los manifestantes aseguraron que enfrenta un proceso por un delito que, afirmaron, ha quedado demostrado que no cometió.
En la ceremonia participó Micaela Cabañas, hija del ex guerrillero Lucio Cabañas, quien afirmó que la masacre de Aguas Blancas sigue representando una deuda pendiente para el Estado mexicano.
«La masacre de Aguas Blancas, es una herida abierta y una deuda histórica que el gobierno, (pero) ni siquiera el de Morena ha reparado», expresó.
Al acto conmemorativo también asistieron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), quienes se sumaron a las demandas de justicia y al reclamo para que, más de tres décadas después, los hechos no permanezcan en la impunidad.